El expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David A. Skeel, calificó como una decisión “terrible” el despido de seis de los siete miembros del organismo por parte del presidente Donald Trump y anticipó que varios de los directivos removidos podrían prevalecer en los tribunales.
Skeel sostuvo que la controversia complica todavía más el proceso para alcanzar una solución definitiva a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, uno de los asuntos más importantes que todavía permanecen pendientes bajo la Ley Promesa.
El académico recordó que tres de los miembros despedidos —Arthur J. González, Betty A. Rosa y Andrew Biggs— acudieron a los tribunales y fueron restituidos por una jueza federal en Puerto Rico después de que se concluyera que habían sido removidos sin justa causa.
Según Skeel, Promesa exige que exista causa para destituir a los miembros de la Junta y la ausencia de una razón formal podría fortalecer la posición de los directivos demandantes. También señaló que cualquier nuevo intento de removerlos podría prolongar la incertidumbre institucional y generar más litigios.
Las expresiones se producen en momentos en que la Junta Fiscal entra en una etapa distinta de su existencia. El organismo fue creado en 2016 para supervisar las finanzas públicas y dirigir los procesos de reestructuración de deuda de Puerto Rico, pero este año cumple una década de operaciones.
Skeel planteó que el organismo debe comenzar a preparar su salida y afirmó que no debería existir un vigésimo aniversario de la Junta. A su juicio, si el actual año fiscal logra completarse con un presupuesto balanceado bajo el método de contabilidad modificada, todavía podrían faltar aproximadamente tres años para cumplir los criterios que permitirían terminar con la supervisión federal.
El principal obstáculo sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica, cuya reestructuración continúa sin resolverse. El proceso ha enfrentado años de litigios entre bonistas, el gobierno, la Junta Fiscal y otros acreedores, mientras Puerto Rico sigue operando un sistema eléctrico con retos financieros y operacionales severos.
Las declaraciones de Skeel también ponen nuevamente sobre la mesa una pregunta que ha acompañado a la Junta desde su creación: cuándo y bajo qué condiciones Puerto Rico podrá recuperar plenamente el control de su política fiscal sin la intervención del organismo federal.
Skeel realizó sus expresiones durante la presentación de su nuevo libro sobre la crisis de deuda de Puerto Rico en un evento coordinado por la Cámara de Comercio. Su diagnóstico combina dos mensajes: considera que los despidos agravaron la incertidumbre, pero entiende que la Junta debe comenzar desde ahora a diseñar una ruta clara para dejar de existir.