La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este jueves, 19 de noviembre de 2026, la Ley 235-2026, que modifica la forma en que se negocian los planes de pago de deudas residenciales con LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La legislación vincula las cuotas a la capacidad económica de las familias.
La medida, originada en el Proyecto de la Cámara 133 del representante Jorge Navarro Suárez, establece que el pago inicial de un acuerdo debe fluctuar entre el 5% y el 20% del balance adeudado. Las mensualidades, por su parte, no podrán exceder el 5% del ingreso mensual familiar.
Para una familia con ingresos mensuales de $2,000, ese límite equivaldría a $100 al mes. La cifra es un ejemplo de aplicación del porcentaje legal, no una cuota universal ni una condonación de la deuda.
El propósito declarado de la ley es facilitar el cumplimiento de obligaciones pendientes sin comprometer la estabilidad económica de los hogares y reducir el riesgo de interrupción de servicios esenciales por falta de pago.
La legislación también incluye a pequeños comercios elegibles: podrán distribuir a plazos los cargos extraordinarios de electricidad derivados de aumentos en los costos de combustible o de compra de energía.
El cambio es significativo frente a la práctica descrita en la exposición de motivos del proyecto, según la cual LUMA requería hasta el 50% del balance adeudado para autorizar determinados acuerdos dirigidos a evitar la suspensión del servicio.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa advirtió durante la evaluación de la medida que su impacto fiscal no podía calcularse con precisión. Una reducción de pagos iniciales y cuotas podría afectar el flujo de caja de los proveedores de agua y electricidad.
Durante el trámite, la AAA y LUMA expresaron reparos sobre las consecuencias financieras de la legislación. La discusión enfrenta la necesidad de proteger a consumidores endeudados con la de preservar los recursos operacionales de los sistemas.
La ley entrará en vigor 60 días después de su aprobación. Hasta entonces, los abonados deberán atender las condiciones actualmente aplicables y esperar los procedimientos que establezcan los proveedores para instrumentar los nuevos límites.


