La crisis de Encanto Restaurants pasó del cierre de franquicias a los tribunales federales. La empresa puertorriqueña, vinculada a las operaciones de KFC, Taco Bell y Pizza Hut, presentó el jueves 5 de noviembre de 2026 una petición voluntaria de quiebra bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El expediente judicial quedó registrado con el número 26-05345.

La corporación declaró aproximadamente $123.9 millones en obligaciones y $29.8 millones en activos. La diferencia entre ambas cifras asciende a unos $94.1 millones: un déficit patrimonial estimado a partir de las cifras divulgadas, que no debe confundirse con una pérdida neta contable de $123.9 millones. Sus pasivos equivalen a más de cuatro veces el valor de sus activos declarados.

Entre los acreedores sobresale Banco Popular de Puerto Rico, al que se atribuye una acreencia de alrededor de $85 millones. También aparecen en los reportes sobre el expediente el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento de Hacienda, LUMA Energy y entidades relacionadas con las franquicias. La lista de reclamaciones comprende obligaciones de distinta naturaleza, incluidas cuentas por servicios, alquileres y otros compromisos comerciales.

La radicación ocurrió apenas tres días después de que Yum! Brands anunciara el fin de su relación de franquicia con Encanto, lo que provocó el cierre de restaurantes KFC y Taco Bell en la isla el lunes 2 de noviembre. Las marcas alegaron que el operador local ya no podía cumplir los estándares de calidad exigidos. Esa es la justificación comunicada por las cadenas, no una determinación judicial sobre incumplimientos específicos.

El impacto alcanzó rápidamente a los trabajadores. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha estimado que unas 2,700 personas resultaron afectadas por los cierres vinculados a Encanto. Empleados comenzaron a recibir cartas de cesantía después de varios días de incertidumbre, mientras el Gobierno examina las circunstancias de la interrupción de operaciones y la asistencia por desempleo.

La agencia laboral también evalúa si los cierres estuvieron sujetos a los requisitos de aviso previo de la ley federal WARN, que contempla una notificación de 60 días en determinadas circunstancias. La existencia de una investigación no constituye por sí sola una conclusión de que la compañía violó esa ley.

La situación financiera de Encanto ya había provocado litigios antes de la quiebra. Reportes periodísticos documentan más de 70 acciones judiciales durante 2026, muchas relacionadas con reclamaciones de cobro y arrendamientos comerciales. Esos casos muestran presiones anteriores al cierre de las franquicias, aunque su relación exacta con la decisión contractual de Yum! Brands no ha sido establecida judicialmente.

La empresa solicitó protección bajo el Capítulo 11, un procedimiento que permite someter a supervisión judicial una propuesta de reorganización y tratamiento de las deudas. La petición no significa automáticamente que todos los acreedores recuperarán sus fondos ni que los restaurantes reabrirán. El curso del proceso dependerá de las actuaciones ante el tribunal y de la viabilidad de cualquier plan que se presente.

El registro judicial identifica a Humberto Rovira como presidente firmante de la petición y al abogado Alexis Fuentes Hernández como representante de la compañía. El expediente contempla un plazo inicial para la presentación de un plan de Capítulo 11 y la correspondiente declaración informativa hasta el 5 de marzo de 2027, sujeto a las determinaciones del tribunal.

Por su parte, Yum! Brands ha expresado su intención de encontrar otro socio franquiciado para volver a operar KFC y Taco Bell en Puerto Rico. Hasta el momento no se ha anunciado públicamente un nuevo operador ni una fecha definitiva de reapertura, por lo que la eventual recuperación de esas marcas es un asunto separado del procedimiento de insolvencia de Encanto.

En respuesta a las cesantías, el Departamento del Trabajo anunció ferias de servicios y reclutamiento para el 10 de noviembre en Mayagüez, el 12 en San Juan, el 17 en Ponce y el 23 en Fajardo, todas de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. La convocatoria busca conectar a los trabajadores desplazados con patronos que tienen vacantes disponibles.