La gobernadora Jenniffer González prometió aliviar los problemas de energía eléctrica y agua potable en Puerto Rico, dos de las mayores preocupaciones ciudadanas y empresariales en la isla.
Según un reporte de The Associated Press publicado hace cuatro días, la mandataria anunció en su mensaje anual un proceso de subasta para añadir 3,000 megavatios de generación eléctrica, junto con otros 1,000 megavatios que podrían incorporarse mediante reparaciones y modernización de plantas existentes.
El plan también incluye la instalación de baterías Tesla financiadas con $700 millones en fondos federales, con capacidad de almacenamiento de 430 megavatios. Además, el gobierno espera añadir 244 megavatios de generación rápida para atender periodos de alta demanda o interrupciones en el sistema.
La promesa llega en un momento en que Puerto Rico continúa enfrentando apagones, altos costos de electricidad y señalamientos públicos contra la confiabilidad del sistema energético. La isla arrastra, además, una deuda multimillonaria de la corporación eléctrica y años de reconstrucción inconclusa tras el paso del huracán María.
González también reiteró su intención de cancelar el contrato de LUMA Energy para la operación de transmisión y distribución, una postura que mantiene presión política sobre el operador privado en medio de la frustración ciudadana por interrupciones recurrentes.
En el componente energético, la administración defendió la transición de plantas a gas natural como vía para reducir costos, aunque esa estrategia ha generado debate entre sectores que reclaman acelerar la energía renovable y el almacenamiento distribuido.
El informe también señala que comunidades de Puerto Rico enfrentan problemas de agua potable, incluyendo interrupciones prolongadas. La gobernadora pidió paciencia mientras avanzan proyectos de reconstrucción y modernización.
Para hogares y negocios, la estabilidad de luz y agua tiene implicaciones directas en calidad de vida, costos operacionales, inversión, salud pública y productividad. Cada interrupción representa pérdidas económicas, daños a equipos, gastos adicionales y menor confianza en la infraestructura básica del país.
La oposición política reaccionó con críticas y reclamos de rendición de cuentas, reflejando que el tema energético y de agua seguirá ocupando el centro del debate público.
La prueba para el gobierno será convertir los anuncios en capacidad instalada, reducción real de apagones, mejoras medibles en el servicio de agua y facturas más manejables para consumidores y comerciantes.