El municipio de San Juan llevó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al tribunal en medio de una crisis de servicio de agua potable que, según la administración municipal, lleva meses afectando a miles de residentes.
El alcalde Miguel Romero oficializó y radicó una demanda contra la AAA tras interrupciones recurrentes, bajas presiones y fallas en el suministro de agua potable en distintas comunidades de la capital.
Según la información divulgada por Telemundo Puerto Rico, la acción legal busca medidas inmediatas que garanticen un servicio confiable y continuo para los sanjuaneros.
Romero sostuvo que la demanda no responde a una avería aislada, sino a un patrón prolongado de interrupciones, semanas sin servicio en algunas comunidades, más de 5,000 casos atendidos por el municipio y cientos de miles de dólares invertidos para responder a una emergencia que, según dijo, no le corresponde al gobierno municipal.
La demanda plantea que la crisis no se limita a problemas de infraestructura. También señala fallas operacionales, deficiencias en la toma de decisiones, falta de mantenimiento preventivo, problemas de comunicación y manejo ineficiente del sistema de distribución de agua.
El reclamo municipal sostiene que las interrupciones han impactado a residentes, comerciantes y poblaciones vulnerables, afectando negocios, servicios esenciales y la calidad de vida de miles de familias.
El caso adquiere relevancia económica porque San Juan concentra una parte importante de la actividad comercial, de servicios, oficinas, restaurantes, hospederías, instituciones médicas y operaciones gubernamentales de Puerto Rico.
La falta de agua potable estable puede convertirse en un problema directo para comercios y residentes: limita operaciones, aumenta costos, obliga a recurrir a medidas temporales y eleva la presión sobre infraestructura pública ya debilitada.
El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó a la AAA comparecer a una vista evidenciaria pautada para el 5 de junio a las 9:00 a.m.
La orden judicial advierte que, de no comparecer sin excusa previa o sin presentar oportunamente una moción escrita, el tribunal podría considerar su comparecencia como aceptación de los hechos alegados en la petición.