Puerto Rico recibió la aprobación de aproximadamente $332 millones en fondos de FEMA para 18 proyectos relacionados con la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico, una de las mayores nuevas obligaciones de fondos energéticos anunciadas recientemente para la isla.
El paquete incluye proyectos dirigidos a reforzar infraestructura de transmisión, distribución y generación, después de un proceso de evaluación que se extendió durante cerca de un año.
Entre las obras incluidas se encuentra la rehabilitación de infraestructura soterrada de transmisión que alimenta sectores de la zona metropolitana, además de trabajos de manejo de vegetación y mejoras en distintos segmentos del sistema de distribución eléctrica.
Los fondos también contemplan necesidades relacionadas con generación y otras intervenciones consideradas necesarias para aumentar la confiabilidad de una red que continúa enfrentando apagones, averías y déficits recurrentes de capacidad.
La obligación de fondos ocurre en medio de una discusión más amplia sobre la lentitud de la reconstrucción eléctrica de Puerto Rico. Informes federales han señalado que, pese a los miles de millones de dólares asignados después del huracán María, una proporción considerable de los recursos todavía no se ha convertido en proyectos terminados.
La aprobación de estos 18 proyectos representa un paso administrativo importante porque permite que los fondos avancen hacia etapas de ejecución, aunque la disponibilidad del dinero no significa necesariamente que las obras se completarán de inmediato.
Los proyectos deberán atravesar procesos de diseño, contratación, permisos, compras y construcción, etapas que históricamente han provocado retrasos significativos en la reconstrucción de infraestructura pública en Puerto Rico.
El anuncio llega además mientras el sistema eléctrico atraviesa una nueva etapa de presión por fallas en unidades generatrices, disputas entre operadores y llamados del gobierno para acelerar inversiones en nueva generación y almacenamiento de energía.
La efectividad del nuevo paquete de $332 millones dependerá ahora de la rapidez con la que las agencias y operadores responsables conviertan las obligaciones federales en obras permanentes y de su capacidad para evitar que los proyectos vuelvan a quedar atrapados en largos procesos administrativos.