El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales solicitó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos retirar una orden federal de cese y desista relacionada con un dragado realizado en la desembocadura del Río Grande de Loíza, abriendo una controversia directa entre la agencia puertorriqueña y la autoridad federal.
La disputa gira en torno a trabajos ejecutados el pasado 12 de junio. El Cuerpo de Ingenieros emitió posteriormente una orden el 8 de julio al entender que la intervención se realizó sin la autorización federal correspondiente.
El DRNA rechazó esa interpretación en una carta firmada por su secretario, Waldemar Quiles Pérez, y sostuvo que la actuación respondió a una situación urgente en la que dos manatíes habrían quedado atrapados en el área de la desembocadura.
La agencia asegura que la intervención estaba autorizada dentro de sus facultades y que fue necesaria para atender una emergencia ambiental. También pidió que se retire cualquier multa administrativa relacionada con el dragado.
El caso se desarrolla en medio de una crisis más amplia por erosión costera en Loíza, particularmente en Parcelas Suárez, donde comunidades han reclamado medidas inmediatas para proteger viviendas e infraestructura expuestas al avance del mar.
La controversia tiene implicaciones regulatorias importantes porque los trabajos en cuerpos de agua navegables y humedales pueden requerir permisos federales, aun cuando exista una intervención de emergencia impulsada por autoridades estatales.
La respuesta del Cuerpo de Ingenieros será determinante para establecer si acepta el argumento del DRNA o mantiene la orden y posibles sanciones. De mantenerse el desacuerdo, el caso podría escalar a procesos administrativos adicionales o disputas legales sobre jurisdicción y permisos.
La situación también coloca bajo escrutinio la coordinación entre agencias locales y federales en proyectos de emergencia ambiental, especialmente cuando las acciones se realizan rápidamente para atender riesgos inmediatos.
Mientras se espera una respuesta oficial del Cuerpo de Ingenieros, el DRNA sostiene que el dragado estuvo justificado y reclama que se deje sin efecto una orden federal que considera improcedente.