El Departamento de Salud de Puerto Rico puso en vigor una exención temporera para facilitar la importación y distribución de agua embotellada y hielo destinados al consumo humano, en momentos en que la sequía y los bajos niveles de los embalses mantienen presión sobre el abasto de agua en la isla.
La medida fue anunciada este viernes 14 de agosto por el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, mediante la Orden Administrativa 2026-646. Tendrá una vigencia inicial de 60 días, aunque el Departamento podrá extenderla o revocarla según evolucione la emergencia.
La orden busca agilizar la disponibilidad de productos esenciales sin eliminar los controles sanitarios. Salud recalcó que tanto el agua embotellada como el hielo importados deberán cumplir con requisitos de inocuidad y procedencia antes de ser distribuidos en Puerto Rico.
En el caso del agua, los productos deberán cumplir con las normas sanitarias federales aplicables y con los requisitos de la jurisdicción donde fueron procesados y embotellados. Los importadores tendrán además que conservar evidencia sobre el origen y cumplimiento sanitario de los productos para cualquier inspección de la agencia.
El hielo deberá elaborarse a partir de una fuente de agua aprobada para consumo humano y cumplir igualmente con los estándares aplicables. Tanto el agua como el hielo deberán transportarse, almacenarse y distribuirse bajo condiciones que preserven su calidad.
Ramos Otero explicó que la flexibilización responde a la necesidad de aumentar el acceso a agua potable durante la emergencia, pero advirtió que el Departamento mantendrá sus facultades de fiscalización. La agencia podrá detener o retirar productos si identifica un riesgo para la salud pública.
La decisión se produce mientras varias comunidades de Puerto Rico continúan enfrentando interrupciones y medidas de racionamiento asociadas a la sequía. Esa situación ha elevado la demanda de agua embotellada, hielo, cisternas y otros productos utilizados para enfrentar períodos sin servicio.
La Orden Administrativa fue firmada el 10 de agosto y su puesta en vigor amplía las herramientas del gobierno para atender posibles limitaciones de inventario. Su efecto dependerá ahora de la respuesta de importadores, distribuidores y comercios durante las próximas semanas.
Para los consumidores, la medida podría traducirse en una mayor disponibilidad de agua y hielo en el mercado, aunque Salud dejó claro que la emergencia no implica una reducción de los estándares sanitarios exigidos para productos destinados al consumo humano.