Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló este martes 18 de agosto un cuadro de incumplimientos fiscales y administrativos en el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional, con hallazgos que incluyen una pérdida registrada de $11,474,972 por un terreno sin uso, compras por $3,478,527 realizadas fuera de los procedimientos de la Administración de Servicios Generales y $1,680,904 en obras y servicios adquiridos sin contratos formales.
El Informe de Auditoría OC-27-16 cubrió principalmente el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2022, aunque examinó transacciones anteriores y posteriores. El documento contiene 10 hallazgos, siete comentarios especiales y una opinión adversa, luego de que los auditores concluyeran que las operaciones del Fideicomiso no se realizaron, en aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables.
El señalamiento de mayor cuantía se relaciona con un terreno en Santa Isabel adquirido por $12.7 millones en diciembre de 2008. Al 1 de noviembre de 2022, catorce años después de la compra, la Junta de Directores todavía no había aprobado un plan para utilizarlo. El terreno había sido valorado en $1.3 millones en 2014, lo que llevó al Fideicomiso a registrar una pérdida de $11,474,972. Una tasación posterior, de noviembre de 2023, redujo su valor a $1 millón.
La auditoría también examinó 318 órdenes de compra emitidas entre julio de 2019 y diciembre de 2021 por un total de $3,478,527 sin la intervención de la Administración de Servicios Generales y sin una delegación que autorizara al Fideicomiso a efectuar directamente esas adquisiciones. En una muestra de 25 órdenes por $1,907,956, los auditores identificaron compras sin el método de licitación requerido, proveedores sin certificados de elegibilidad vigentes y adquisiciones sin autorizaciones previas requeridas.
Los auditores identificaron además $1,680,904 en obras y servicios tramitados mediante órdenes de compra sin contratos formales. Dentro de ese universo, cinco órdenes provocaron desembolsos por $546,640 en obras que no tuvieron utilidad inmediata al concluirse. Entre ellas figuraron $478,474 invertidos en un club para militares en la Base Aérea Muñiz, $47,000 en baños de una armería en Ceiba que luego fueron demolidos durante trabajos de mitigación por plomo y $21,166 en sistemas de seguridad para una oficina que nunca se utilizó.
Otro hallazgo se relaciona con 12 pagos anticipados por $638,316 efectuados antes de recibir las obras, bienes o servicios. Diez de esos pagos, por $608,283, se realizaron sin facturas de los proveedores. La auditoría también señaló ausencia de registros de cheques, copias de cheques cancelados y documentación que permitiera confirmar el recibo de bienes o servicios en algunos expedientes.
Entre 2016 y 2021, el Fideicomiso realizó además 1,060 compras con tarjetas de crédito por $113,349 sin contar con un procedimiento aprobado por su Junta de Directores. Una muestra revisada por los auditores encontró recibos ausentes, pagos de impuestos pese a la exención aplicable y cargos por financiamiento. El procedimiento formal para el uso de las tarjetas entró en vigor en enero de 2025.
La Oficina del Contralor también cuestionó la concentración de funciones financieras en una misma empleada, quien registraba órdenes, facturas y pagos, custodiaba cheques en blanco, aprobaba transferencias electrónicas y preparaba conciliaciones bancarias. El informe concluyó que esa estructura impedía una separación adecuada de responsabilidades y aumentaba el riesgo sobre el manejo de fondos.
El cierre de las tiendas militares entre julio de 2022 y marzo de 2023 durante una impugnación judicial sobre la selección de un concesionario provocó, según el informe, que el Fideicomiso dejara de recibir $4,050,000 en ingresos durante nueve meses. Al 13 de mayo de 2024 aún no se habían transferido $1,930,000 al fondo de anualidades ni $275,000 al fondo educacional, para un total de $2,205,000 pendiente de transferencia.
Varios señalamientos fueron referidos previamente al Departamento de Justicia y a otras agencias, incluyendo asuntos relacionados con compras, donativos y proveedores sin licencias. La remisión de hallazgos no constituye por sí sola una determinación de responsabilidad penal. La Oficina del Contralor emitió 35 recomendaciones dirigidas al Gobierno, la ASG, Justicia, la OGP, la Junta de Directores y la gerencia del Fideicomiso para corregir las deficiencias identificadas.