La Oficina del Contralor de Puerto Rico refirió al Departamento de Justicia los hallazgos de una investigación sobre la compra de una unidad móvil de tomografía computarizada destinada a Vieques, luego de determinar que el equipo nunca llegó al municipio y permanece sin uso en los predios del Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, en Bayamón.
La orden para el CT Scan móvil ascendió a $965,500 e incluía $22,500 para transportación e instalación. Según la investigación, el Departamento de Salud pagó dos desembolsos de $386,200, equivalentes a un total de $772,400 o 80% del precio contratado. Al 29 de agosto de 2025 quedaba pendiente el último pago.
El contrato fue adjudicado a Medical Outfitters PR el 18 de enero de 2024. Sin embargo, una medición realizada el 30 de abril de ese año encontró que el área disponible para instalar la unidad en Vieques tenía aproximadamente 59 pies, mientras el vagón requería un mínimo de 67 pies, sin contar el espacio necesario para maniobrar.
La unidad llegó al puerto de San Juan el 15 de julio de 2024 y terminó estacionada en Bayamón el 28 de agosto. Una inspección realizada por la Contraloría el 8 de agosto de 2025 encontró el interior en buenas condiciones, pero observó señales de hongo en el exterior y una caseta de seguridad cercana sin personal. El número de propiedad gubernamental estaba escrito en marcador sobre el equipo.
La contralora Carmen Vega Fournier sostuvo que la falta de planificación y supervisión privó a los residentes de Vieques de un servicio esencial y expuso propiedad pública a deterioro. El informe señala que un comité del proyecto autorizó la adquisición aunque existían limitaciones conocidas sobre el espacio disponible y mientras la nueva instalación hospitalaria todavía se encontraba en construcción.
En abril de 2026, el secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que se evaluaba entregar la unidad como parte de pago para adquirir otro equipo valorado en aproximadamente $825,000. Al momento de la investigación, esa nueva máquina todavía no había llegado.
El referido a Justicia está fechado el 23 de junio de 2026. La Contraloría indicó que los hechos identificados podrían potencialmente configurar violaciones al Código Penal y corresponde al Departamento de Justicia evaluar si procede alguna acción. El referido no constituye por sí solo una determinación de culpabilidad ni una acusación criminal.
El informe no identifica por nombre a posibles responsables y, según la información divulgada, el Departamento de Salud no había presentado una respuesta incluida en el documento. El caso deja bajo escrutinio una compra de casi $1 millón concebida para fortalecer los servicios médicos en Vieques, pero que hasta ahora no ha prestado el servicio para el cual fue adquirida.