La empresa Regulatory Compliance Services, conocida como 3PPO y propiedad del abogado Osvaldo Carlo, renovó por $150,000 su contrato con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), mientras continúa la controversia por el proceso que desembocó en el ahora cancelado acuerdo de generación de emergencia otorgado a Power Expectations por cerca de $5,886 millones.
La renovación de 3PPO entró en vigor el 31 de julio de 2026 y se extiende hasta el 30 de junio de 2027, según información del portal de la Oficina del Contralor reseñada este miércoles. La firma había participado en la evaluación del contrato de Power Expectations, uno de los acuerdos energéticos de mayor cuantía examinados recientemente por el Gobierno de Puerto Rico.
La fecha de renovación adquiere relevancia porque, para ese momento, tanto Carlo como el director de la AAPP, Josué Colón, ya conocían alegaciones presentadas por Enchanted Rock, empresa que había sido identificada como parte del proyecto de generación. El 16 de junio, el abogado general de Enchanted Rock comunicó a un asesor legal de la AAPP señalamientos sobre posible conducta impropia y posible conducta criminal atribuida a Power Expectations. Esa comunicación fue remitida el mismo día a Carlo para investigación.
De acuerdo con una carta de la Junta de Supervisión Fiscal citada por Metro Puerto Rico, ni la Junta ni la Autoridad de Energía Eléctrica fueron informadas en ese momento sobre las alegaciones. El 30 de julio, mientras la investigación seguía en curso, Carlo recomendó a la AEE aprobar la sustitución de Enchanted Rock por Flotek. La Junta sostuvo posteriormente que esa recomendación no reveló los señalamientos que había presentado Enchanted Rock.
La directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, informó posteriormente que desconocía esas alegaciones cuando la corporación pública consintió al cambio el 31 de julio y que se enteró de ellas el 7 de agosto a raíz de una solicitud de información de un programa televisivo.
Enchanted Rock también cuestionó elementos del documento final del acuerdo. La compañía sostuvo que una persona identificada como Jhoby Weaks aparecía como “COO-Caribbean Operations”, aunque, según la empresa, no era empleado suyo y ese cargo no existía. Enchanted Rock alegó además haber recibido una comunicación que exigía la firma del acuerdo bajo amenaza de una reclamación millonaria. Esos señalamientos constituyen alegaciones de la empresa y no una determinación judicial de responsabilidad.
El contrato de Power Expectations fue posteriormente cancelado, pero el proceso continúa generando preguntas sobre los mecanismos de evaluación, divulgación de información y supervisión utilizados en una contratación de miles de millones de dólares. La renovación de 3PPO añade ahora otra dimensión al escrutinio, debido a que la firma que intervino en la evaluación mantendrá una relación contractual con la AAPP durante el actual año fiscal.
Hasta el momento, la información divulgada no establece que la renovación del contrato de 3PPO sea ilegal. El asunto central es la secuencia de fechas y el nivel de conocimiento que tenían distintos funcionarios y asesores mientras se evaluaban cambios en el acuerdo energético y se investigaban los señalamientos presentados por Enchanted Rock.