El Senado de Puerto Rico aprobó nuevamente una medida para distribuir $2.4 millones entre ocho municipios, utilizando el mismo texto de una resolución conjunta que había sido rechazada previamente por la gobernadora Jenniffer González Colón mediante un veto de bolsillo.
La nueva Resolución Conjunta del Senado 202 fue aprobada por unanimidad y reproduce el contenido de la anterior RCS 98, según confirmó el portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Gregorio Matías. La acción reabre un asunto presupuestario que el Ejecutivo había dejado sin convertirse en ley al finalizar el término correspondiente.
Un veto de bolsillo ocurre cuando el Ejecutivo no firma una medida dentro del término aplicable después de que la Legislatura ha concluido su sesión, por lo que la propuesta no entra en vigor y el gobernador no está obligado a emitir una explicación formal del rechazo.
La medida contempla repartir $2.4 millones entre ocho gobiernos municipales. Seis de los municipios beneficiarios son administrados por alcaldes del Partido Popular Democrático, un elemento que ha añadido interés político a la controversia sobre la asignación.
La aprobación unánime demuestra que, al menos en el Senado, existe respaldo suficiente para insistir en la distribución de los fondos. Sin embargo, aprobar nuevamente el mismo texto no convierte automáticamente la propuesta en ley: la medida deberá continuar el trámite legislativo correspondiente y eventualmente volver al Ejecutivo si completa el proceso.
La controversia plantea un choque institucional entre la decisión previa de la gobernadora de no firmar la primera versión y la determinación del Senado de presentar nuevamente la asignación. Hasta el momento, la información divulgada no incluye una explicación pública de La Fortaleza sobre las razones específicas del veto anterior.
El próximo paso será observar si la medida avanza por la Cámara de Representantes y, de llegar nuevamente al escritorio de la gobernadora, si el Ejecutivo modifica su posición. Para los municipios incluidos, la discusión tiene un efecto directo sobre la disponibilidad de recursos adicionales para sus operaciones y proyectos.