La Cámara de Representantes evalúa una medida de administración que colocaría bajo la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) la planificación, contratación, financiamiento y ejecución de un programa permanente para modernizar y preservar el Superacueducto de Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1372 fue presentado el 19 de agosto por el representante Víctor Parés Méndez junto a decenas de legisladores y ya está ante la Comisión de Gobierno. La propuesta crea el Programa Estratégico para la Preservación, Modernización y Gestión de Activos del Superacueducto.
Bajo el proyecto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados conservaría la operación cotidiana y el mantenimiento ordinario del sistema. AFI, en cambio, tendría a su cargo la planificación de largo plazo, los procesos de contratación, la coordinación de financiamiento, la supervisión de proyectos y la preparación de un plan maestro.
La legislación obligaría a ambas entidades a suscribir un acuerdo interagencial dentro de los 90 días posteriores a la aprobación de la ley. Ese documento definiría mecanismos de coordinación, acceso a instalaciones, responsabilidades técnicas y protocolos para atender emergencias.
El alcance del programa incluiría no solo la tubería principal de 72 pulgadas, sino estaciones de bombeo, tanques, sistemas eléctricos, telemetría, capacidad hidráulica, riesgos estructurales, vulnerabilidad ante sequías y eventos extremos, fuentes de agua cruda y los embalses Dos Bocas y Caonillas.
AFI tendría que preparar junto a la AAA un Plan Maestro de Gestión de Activos dentro de los 24 meses siguientes a la contratación del equipo técnico. El documento identificaría condiciones de la infraestructura, riesgos, inversiones prioritarias, proyectos de rehabilitación y posibles fuentes de financiamiento.
La medida también propone crear un fondo especial para el Superacueducto, aunque no establece una asignación inicial ni determina cuánto costaría ejecutar el programa. El financiamiento podría provenir de fondos estatales y federales, asignaciones legislativas, préstamos, emisiones de bonos y otras fuentes autorizadas.
El debate surge en momentos en que la sequía y distintas averías han elevado la atención pública sobre la vulnerabilidad del sistema de agua. La discusión legislativa determinará si Puerto Rico adopta un modelo permanente de modernización liderado por AFI o mantiene la estructura actual bajo la AAA.