El Senado de Puerto Rico confirmó este lunes a viva voz a Julie Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), luego de que su nombramiento fuera evaluado por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.
La confirmación coloca formalmente al frente de la agencia a una funcionaria con trayectoria interna desde 1999, cuando comenzó como técnica de servicios sociopenales. A lo largo de su carrera ha ocupado distintas posiciones dentro del sistema correccional, experiencia que presentó ante el Senado como base para su plan de trabajo.
Durante la vista pública previa a la votación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó su respaldo y señaló como prioridades la atención a la población confinada, sus familiares y las condiciones de los empleados del sistema. También reconoció los retos presupuestarios y los requerimientos federales que enfrenta el departamento.
Gómez presentó un plan estratégico para 2026-2028 enfocado en seguridad institucional, rehabilitación medible, integridad administrativa y contractual, y mejores condiciones tanto para el personal como para la población correccional. La primera etapa contempla revisar infraestructura, servicios, alimentación, seguridad y condiciones laborales en las instituciones.
La secretaria también planteó fortalecer protocolos, modernizar procesos administrativos, ampliar programas educativos y ocupacionales y establecer métricas que permitan medir resultados de rehabilitación. Según la información discutida en el Senado, Physician Correctional continúa brindando servicios médicos a una población de 7,216 personas confinadas mientras el litigio relacionado con ese contrato sigue ante los tribunales.
Otro asunto pendiente es el retroactivo reclamado por oficiales correccionales bajo una ley de 2022. Gómez estimó la obligación en más de $112 millones y señaló que el tema se encuentra ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal.
La nueva secretaria descartó que el DCR esté evaluando trasladar personas confinadas a cárceles privadas fuera de Puerto Rico y reconoció necesidades particulares en las instituciones para mujeres, incluyendo infraestructura y acceso a programas de educación y rehabilitación.
Con la confirmación completada, el foco se mueve ahora a la ejecución del plan presentado al Senado y a la capacidad de la agencia para atender simultáneamente seguridad, servicios médicos, condiciones laborales, infraestructura y rehabilitación dentro de un sistema sujeto a restricciones presupuestarias y supervisión judicial.
