Más de 5,400 personas en Puerto Rico con balances de pensión alimentaria de entre $25,000 y $39,999 quedan incluidas desde este jueves en una nueva fase del proceso federal que puede provocar la revocación o restricción de pasaportes por incumplimiento con estas obligaciones.
La administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), María del Mar Mateu Meléndez, informó que esta quinta fase reduce nuevamente el umbral de deuda utilizado por el gobierno federal para ampliar la iniciativa.
El mecanismo vincula las obligaciones de pensión alimentaria con la capacidad de obtener o mantener determinados servicios de pasaporte. Las personas cuyos casos cumplen los criterios aplicables pueden enfrentar restricciones hasta que atiendan su situación con la agencia correspondiente.
La cifra de más de 5,400 personas se refiere específicamente al grupo que mantiene balances entre $25,000 y $39,999, por lo que no representa necesariamente la totalidad de los casos de deuda de pensión alimentaria existentes en Puerto Rico.
ASUME participa en la coordinación de estos casos con las autoridades federales y puede orientar a los ciudadanos sobre alternativas disponibles para atender balances pendientes, acuerdos de pago u otras circunstancias relacionadas con cada expediente.
La ampliación forma parte de un proceso progresivo mediante el cual el gobierno federal ha ido incorporando personas con niveles de deuda cada vez menores. El nuevo tramo constituye el umbral más bajo aplicado hasta ahora dentro de esa expansión.
Las consecuencias específicas pueden variar según el caso y el estatus del pasaporte. Por ello, las personas que entiendan que podrían estar incluidas deben verificar directamente su situación con ASUME y las autoridades correspondientes.
La nueva fase comenzó este jueves, 27 de agosto, y amplía el universo de residentes de Puerto Rico potencialmente afectados por el mecanismo federal de cumplimiento.
