Una coalición de organizaciones jurídicas, periodísticas y de derechos civiles denunció este miércoles lo que describió como un deterioro de espacios de participación ciudadana, libertad de expresión, acceso a información pública y acceso a la justicia en Puerto Rico.
El reclamo fue encabezado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), acompañado por entidades de prensa, asistencia legal y derechos civiles. Los grupos sostienen que varias acciones gubernamentales y legislativas recientes han creado obstáculos para que ciudadanos y comunidades puedan cuestionar decisiones públicas.
Entre las medidas señaladas figura la Ley 56-2025, que introdujo cambios al marco que regula el acceso a información pública. Las organizaciones entienden que las modificaciones dificultan la fiscalización ciudadana y reducen herramientas disponibles para obtener documentos del Gobierno.
También cuestionaron la Ley 82-2026, que establece una fianza mínima equivalente al 10% del valor total de un proyecto para determinadas solicitudes de paralización ante los tribunales. Los grupos argumentaron que el requisito puede representar una barrera económica significativa para comunidades que intenten impugnar proyectos de gran escala.
La vicepresidenta del CAAPR, Yanira Reyes, planteó que el efecto combinado de estas disposiciones puede limitar la capacidad de ciudadanos y organizaciones para recurrir a los tribunales. Como ejemplo, mencionó el impacto que una fianza de esa magnitud podría tener sobre grupos comunitarios que cuestionen desarrollos de alto valor.
Las organizaciones también expresaron preocupación por proyectos pendientes en la Asamblea Legislativa. Entre ellos mencionaron una propuesta que restringiría la transmisión de vistas de causa probable para arresto y vistas preliminares, así como otra medida relacionada con la protección de fuentes e información confidencial de periodistas.
Otro de los asuntos planteados fue la actuación de la Policía durante manifestaciones recientes contra la administración de la gobernadora Jenniffer González. Los participantes de la conferencia denunciaron lo que consideran un uso desproporcionado de fuerza y defendieron el derecho ciudadano a manifestarse por asuntos como agua, energía, salud, vivienda y recursos naturales.
Los portavoces también denunciaron posibles presiones contra integrantes del sistema judicial y abogados que asumen posiciones contrarias al Gobierno. Entre los mecanismos mencionados figuraron querellas disciplinarias, traslados y decisiones relacionadas con nombramientos o contratos, aunque las expresiones fueron presentadas por los grupos como denuncias y no como determinaciones judiciales.
Al reclamo se sumaron, entre otras entidades, el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Ayuda Legal Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal, Kilómetro 0, Amnistía Internacional Puerto Rico y ACLU Puerto Rico.
La denuncia abre un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio entre las facultades del Estado y las garantías constitucionales de participación, expresión y acceso a los tribunales. Las organizaciones adelantaron que continuarán observando tanto la aplicación de las leyes vigentes como el trámite de las medidas que permanecen bajo consideración legislativa.
