El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito revocó una orden federal que exigía al Registro Demográfico de Puerto Rico ofrecer una opción “X” como marcador de sexo en los certificados de nacimiento.

La decisión apelativa deja sin efecto una determinación del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico emitida en junio de 2025, que había ordenado habilitar una tercera alternativa para personas que no se identifican como hombre o mujer.

El caso surgió de una demanda presentada por seis personas no binarias nacidas en Puerto Rico, quienes cuestionaron constitucionalmente la política del Registro Demográfico que limita los marcadores disponibles a masculino y femenino.

Mientras se atendía la apelación, el Primer Circuito había paralizado los efectos de la orden del tribunal de distrito. El foro apelativo posteriormente escuchó argumentos del Gobierno de Puerto Rico en abril de 2026 en Boston.

Según la decisión reseñada este jueves, el tribunal concluyó que el Gobierno puede mantener únicamente los marcadores de sexo masculino y femenino en estos documentos oficiales.

El foro determinó que la política gubernamental responde a un interés legítimo en la administración de los récords públicos y que supera el estándar constitucional de revisión por base racional aplicado al caso.

La gobernadora Jenniffer González Colón celebró la determinación y sostuvo que el fallo reconoce la autoridad del Gobierno de Puerto Rico para establecer y administrar sus récords públicos conforme al ordenamiento jurídico vigente.

La controversia ha enfrentado el reclamo de las personas demandantes por un marcador que refleje su identidad con la postura del Gobierno de mantener el sistema binario actualmente utilizado en los certificados de nacimiento.

La sentencia del Primer Circuito modifica el resultado obtenido por los demandantes en el tribunal de distrito y define, por ahora, el marco que podrá utilizar el Registro Demográfico para estos documentos.

El caso forma parte de una discusión jurídica más amplia en Estados Unidos sobre la información de sexo o género que los gobiernos pueden o deben incluir en documentos oficiales y sobre los estándares constitucionales aplicables a esas políticas.