La Administración de Servicios Generales (ASG) autorizó al Departamento de la Familia a contratar temporalmente los servicios de amas de llaves mediante el mecanismo correspondiente, mientras se completa un proceso competitivo para la contratación a más largo plazo.
La administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, informó que Familia sometió la solicitud el viernes y que la agencia la evaluó y aprobó ese mismo día, sujeta a que se celebre posteriormente el proceso competitivo requerido por ley.
La intervención de ASG se produjo luego de que el servicio fuera inicialmente tratado como una contratación profesional. Mercado Rivera explicó que una compañía que ofrece servicios de amas de llaves debe contratarse bajo las reglas aplicables a servicios no profesionales.
Según la funcionaria, la autorización permite una contratación directa de carácter transitorio para evitar una interrupción del servicio mientras se realiza una subasta pública con los controles correspondientes.
Posteriormente, la gobernadora Jenniffer González Colón y la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, anunciaron que durante la noche del viernes se firmó por un mes el contrato con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL).
El acuerdo temporal busca mantener la asistencia a los participantes mientras continúa ante la Junta de Supervisión Fiscal la evaluación de un contrato multianual que todavía requiere aprobación final.
La propuesta de largo plazo contempla aproximadamente $18 millones para sostener durante dos años el servicio de unas 1,500 amas de llaves, según la información divulgada por el Gobierno.
Familia indicó que las gestiones administrativas para renovar el contrato multianual comenzaron a principios de agosto y que la solicitud formal fue ingresada a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto el 14 de agosto.
La continuidad del programa resulta particularmente importante para personas de edad avanzada y adultos que dependen de asistencia en tareas de cuidado personal y del hogar.
Con la autorización temporal, el Gobierno busca evitar una interrupción inmediata mientras completa el procedimiento competitivo y espera la determinación sobre el acuerdo multianual. El proceso de contratación a largo plazo permanece pendiente.
