Unos 3,208 estudiantes elegibles para servicios de asistentes educativos en Puerto Rico todavía no tenían un asistente documentado, una brecha equivalente al 29.1% de la población que requiere ese apoyo, según datos del Departamento de Educación divulgados este lunes, 14 de septiembre, por senadores del Partido Popular Democrático.
Los datos corresponden al 20 de agosto y reflejan que 11,697 estudiantes eran elegibles para recibir servicios de asistentes, conocidos como T1. De ese total, 8,289 tenían un asistente registrado en la plataforma MiPE, equivalente al 70.9%.
La delegación del PPD sostuvo que, a un mes del inicio del semestre, la falta de asistentes puede impedir que algunos estudiantes asistan regularmente a la escuela cuando sus familias necesitan ese apoyo para garantizar su participación en el salón de clases.
El Departamento de Educación cuenta para el año escolar 2026-2027 con 6,588 asistentes de servicios. De ellos, 2,191 ocupan puestos permanentes y 4,397 trabajan mediante contrato, lo que significa que aproximadamente dos de cada tres asistentes, o 66.7%, dependen de contratación en lugar de una plaza permanente.
La senadora Ada Álvarez Conde recordó que el derecho de estudiantes con discapacidades a recibir servicios y apoyos adecuados surge de la legislación federal Individuals with Disabilities Education Act, conocida como IDEA, y que la necesidad de estos apoyos se determina mediante el Comité de Programación y Ubicación y el Programa Educativo Individualizado.
Entre los 3,208 estudiantes sin un asistente documentado, 1,275 contaban con Remedio Provisional, mecanismo que permite a padres o tutores contratar servicios privados de educación especial con cargo al Estado cuando Educación no puede proveerlos directamente.
Desde la delegación del Partido Nuevo Progresista, la senadora Roxanna Soto Aguilú cuestionó la interpretación de las cifras y argumentó que parte de las solicitudes no han podido procesarse porque padres o tutores no han entregado toda la documentación requerida. Rechazó que el número de 3,208 pueda atribuirse únicamente a falta de voluntad de la agencia.
La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio la capacidad del sistema educativo para convertir las determinaciones de servicio en apoyo efectivo dentro del salón de clases, particularmente cuando la mayoría de los trabajadores T1 opera mediante contratos que deben renovarse periódicamente.
