La gobernadora Jenniffer González reconoció este lunes que su propuesta para elevar a un mínimo de $1,000 mensuales las pensiones de empleados públicos jubilados todavía no cuenta con una fuente de fondos identificada y requerirá negociación con la Junta de Supervisión Fiscal.
La mandataria indicó que más de 55,000 personas en Puerto Rico reciben actualmente una pensión gubernamental inferior a $1,000 mensuales, incluyendo jubilados que perciben entre $400 y $800.
Entre ese grupo figuran cerca de 5,000 maestros jubilados que no reciben Seguro Social, además de policías y otros empleados que no cotizaron para el programa federal durante parte o toda su carrera pública.
González sostuvo que el proyecto busca evaluar cómo aumentar esas pensiones, pero reconoció que posiblemente no pueda aplicarse de una sola vez a los 55,000 beneficiarios potenciales.
El Gobierno contempla segmentar a los pensionados por grupos laborales y realizar un estudio actuarial para calcular el costo real de los aumentos antes de definir cómo podría implantarse la medida.
La identificación de recursos será uno de los principales obstáculos. La gobernadora señaló que el Ejecutivo deberá determinar de dónde saldría el dinero y trabajar la propuesta con la Junta Fiscal, que supervisa las finanzas públicas bajo PROMESA.
El proyecto también podría sufrir cambios durante el trámite legislativo. González defendió la necesidad de revisar pensiones que en algunos casos rondan apenas los $495 mensuales después de décadas de servicio público.
La propuesta abre así una discusión fiscal de gran escala: aumentar los ingresos de decenas de miles de jubilados requerirá equilibrar la necesidad económica de los pensionados con el costo recurrente que asumiría el Gobierno.
