La Junta de Supervisión Fiscal se opuso formalmente este lunes, 14 de septiembre, al proyecto de la gobernadora Jenniffer González para elevar a $1,000 mensuales la pensión mínima de empleados públicos jubilados, horas después de que la mandataria reconociera que todavía no se han identificado los fondos para implantar la propuesta.
El organismo fiscal calificó como fiscalmente irresponsable crear una obligación recurrente de pensiones sin contabilizar ni financiar plenamente sus costos. La advertencia fue enviada por el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, y coloca un obstáculo directo frente al Proyecto de la Cámara 1399.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó que la medida tendría un impacto de aproximadamente $232.6 millones por año fiscal. El cálculo contempla a 53,481 jubilados que actualmente reciben $1,000 o menos y que podrían beneficiarse del aumento.
Del costo anual estimado, unos $160 millones recaerían sobre el Gobierno central, $54.3 millones sobre los municipios y $18.3 millones sobre corporaciones públicas. Bajo el sistema PayGo, esos recursos tendrían que estar identificados dentro del presupuesto gubernamental.
La Junta señaló además una barrera legal adicional: el Plan de Ajuste de la Deuda contiene una prohibición de diez años para crear nuevos derechos de pensión o alterar beneficios existentes, restricción que permanecería vigente hasta 2032.
González defendió la iniciativa al plantear que busca abrir la discusión sobre cómo mejorar los ingresos de jubilados que sobreviven con pensiones de $400, $500, $600, $700 u $800 mensuales. También ha dejado abierta la posibilidad de una implantación escalonada si no es viable cubrir a todos los beneficiarios de inmediato.
La Junta reveló que mantiene bajo evaluación otras 18 medidas legislativas relacionadas con beneficios de retiro, cambios en requisitos de elegibilidad, edades de jubilación y bonos especiales, y advirtió que cada propuesta debe evaluarse por sus implicaciones fiscales, actuariales, presupuestarias y legales.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier, indicó que respaldaría el proyecto si el Gobierno identifica los aproximadamente $232 millones necesarios. Como alternativa, planteó evaluar un crédito o bono especial para jubilados dentro de la Reforma Contributiva, una vía que podría evitar el choque directo con las restricciones del Plan de Ajuste.
