La confrontación entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy escaló este lunes, 14 de septiembre, luego de que el vicepresidente ejecutivo de la empresa, José Pérez, negara categóricamente que LUMA haya pagado a personas para cuestionar al zar de Energía, Josué Colón.
La reacción llegó después de que la gobernadora Jenniffer González dijera que no dudaba que señalamientos contra Colón vinieran pagados por LUMA, en medio de la controversia relacionada con el fallido contrato de Power Expectations y el manejo del sistema eléctrico.
Pérez calificó las expresiones de la mandataria como lamentables y respondió con un triple rechazo: “No, no y no”. Añadió que funcionarios públicos y representantes de empresas privadas deben ser respetuosos con sus conversaciones y acusaciones y sostuvo que “hay que tener mucho juicio”.
El ejecutivo afirmó que este tipo de acusaciones no contribuyen a la colaboración entre el Gobierno y el operador de transmisión y distribución. LUMA mantiene un contrato de alianza público-privada para operar la red eléctrica de Puerto Rico.
La gobernadora, por su parte, ha defendido a Colón y cuestionado el desempeño de LUMA en medio de apagones recurrentes. González también sostuvo que no ve irregularidad en un mensaje de texto enviado por el zar de Energía poco antes de la firma del contrato de Power Expectations, al describirlo como parte del seguimiento ordinario a procesos energéticos.
LUMA aprovechó su respuesta para volver a señalar las deficiencias de generación. La empresa indicó que en los últimos tres meses se han registrado al menos 18 relevos de carga que afectaron a cientos de miles de clientes, adicionales a 42 relevos de carga ocurridos durante el pasado año fiscal.
La compañía sostuvo que si no existe suficiente generación, no puede distribuir electricidad a hogares y negocios. Esa postura vuelve a colocar en el centro la división de responsabilidades entre generación, transmisión y distribución en un sistema operado por múltiples entidades.
El intercambio ocurre el mismo día en que Puerto Rico continuaba lidiando con interrupciones eléctricas tras la salida súbita de la unidad 5 de la Central San Juan, que horas antes había dejado cerca de 180,000 clientes sin servicio. La controversia política ahora se suma a la presión operacional sobre un sistema con un margen de reserva limitado.
