Cuatro de las 14 unidades de generación adquiridas por el Gobierno de Puerto Rico dentro de una compra de $306.6 millones estaban fuera de servicio en la Central Palo Seco y producían cero megavatios, según información obtenida por el Senado y divulgada este miércoles, 16 de septiembre.
La información surge de la Petición de Información 2026-0122. El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, indicó que la Autoridad de Energía Eléctrica confirmó el estado observado de las unidades adquiridas mediante el contrato 2024-P00067 con NFE Power PR LLC.
Una imagen del sistema de generación obtenida por la Oficina de Operaciones el 10 de septiembre, aproximadamente a las 3:03 p.m., mostraba que de las diez unidades ubicadas en la Central San Juan cinco estaban en servicio, dos en reserva y tres no disponibles. En conjunto, esas unidades generaban aproximadamente 118 megavatios en ese momento.
La situación era más severa en Palo Seco: las cuatro unidades allí instaladas aparecían no disponibles y su generación era de cero megavatios. Las 14 unidades habían sido adquiridas con la expectativa de aportar alrededor de 350 megavatios de generación de emergencia.
La compra tuvo un costo reportado de $306,598,756. Antes de ser adquiridos por el Gobierno, esos generadores habían operado después del huracán María bajo una modalidad de servicio financiada con fondos de FEMA; posteriormente se tomó la decisión de comprarlos.
Hernández Ortiz cuestionó que la AEE remitiera al Senado a Genera PR para obtener información específica sobre el estado actual de las unidades, averías, reclamaciones a New Fortress Energy y costos acumulados de mantenimiento o reparación. Genera tiene a su cargo la operación y mantenimiento de los equipos.
Según la respuesta citada por el senador, la AEE indicó que tampoco tenía el costo total pagado hasta el presente por mantenimiento o reparación y recomendó solicitar esos datos a Genera. Hernández planteó que la corporación pública, como propietaria de las turbinas, debe poder fiscalizar y conocer su condición y los gastos asociados.
El reclamo ocurre después de meses de inestabilidad en el sistema eléctrico y múltiples relevos de carga. La delegación popular anunció que continuará exigiendo información sobre la disponibilidad, mantenimiento y desempeño de las 14 unidades compradas con fondos públicos.
