La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha destinado más de $50 millones durante las pasadas dos décadas a contratos con empresas privadas para reducir la pérdida de agua potable, pero la proporción de agua no contabilizada continúa rondando el 60%, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La investigación señala que Truenorth Corporation ha sido la empresa que más fondos ha recibido para trabajos relacionados con este problema, con más de $34.9 millones en contratos dirigidos a iniciativas para identificar, controlar y reducir las pérdidas del sistema.
A pesar de esas inversiones, la tasa de agua no contabilizada se ha mantenido alrededor del 60% desde al menos 2004. Fuentes consultadas por el CPI atribuyeron parte del problema a deficiencias en el seguimiento y supervisión de contratistas y a limitaciones de financiamiento para completar fases posteriores de algunos proyectos.
En 2014, la AAA creó la Oficina de Recuperación de Agua para atender específicamente el agua producida que no llega a ser facturada. Esa dependencia supervisa proyectos de manejo de presión, detección de fugas y análisis de la producción, consumo y pérdida de agua potable.
Desde 2016, Truenorth ha recibido $13.7 millones en contratos vinculados a esa oficina. El contrato más reciente, firmado a principios de septiembre, asciende a $997,170 y tiene vigencia hasta enero de 2027, de acuerdo con la investigación.
El reportaje también señala que en 2011 la AAA había establecido como meta reducir la pérdida de agua hasta 25%, objetivo que no se ha alcanzado. El problema representa una presión adicional sobre un sistema que periódicamente enfrenta sequías, averías y limitaciones de abasto.
El agua no contabilizada puede incluir pérdidas físicas por salideros, errores de medición y consumo que no termina reflejado correctamente en la facturación. Una tasa cercana al 60% significa que una parte sustancial del agua producida por el sistema no genera ingresos o no llega de manera efectiva al consumidor final.
La investigación vuelve a colocar bajo escrutinio la efectividad de los contratos y estrategias utilizados para reducir las pérdidas de agua en Puerto Rico, en momentos en que la disponibilidad y confiabilidad del servicio continúan siendo asuntos centrales para miles de abonados.
