La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico pidió este miércoles a la gobernadora Jenniffer González Colón que ponga fin a la participación de efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico en la misión de patrullaje que continúa activa en Washington D.C.
La organización indicó que al menos 153 efectivos puertorriqueños permanecían activos en la capital federal hasta este miércoles, según datos de la Guardia Nacional de Washington D.C.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, sostuvo que los militares puertorriqueños deben regresar a la isla y cuestionó que continúen realizando tareas de patrullaje en la capital estadounidense.
La petición forma parte de una carta abierta impulsada por la ACLU, sus filiales, el capítulo de Puerto Rico y la ACLU del Distrito de Columbia, organizaciones que reclaman el retiro de las tropas desplegadas en Washington.
Según la ACLU, durante el punto más alto del despliegue este verano hubo más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional procedentes de 15 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia patrullando sectores de la ciudad.
La presencia militar en Washington comenzó en agosto de 2025. Debido al estatus particular del Distrito de Columbia, el presidente tiene control sobre su Guardia Nacional y puede solicitar voluntariamente efectivos adicionales a los gobernadores de los estados y territorios.
La ACLU argumentó que los despliegues prolongados también pueden reducir la disponibilidad de integrantes de la Guardia Nacional de Puerto Rico para otras necesidades, incluyendo la respuesta a desastres naturales en la isla.
La organización estimó además que los despliegues podrían representar un costo acumulado de $1,700 millones para los contribuyentes hacia finales de 2026. La solicitud coloca nuevamente bajo discusión la permanencia de los efectivos puertorriqueños en la capital federal y la decisión que corresponde tomar al gobierno de Puerto Rico.
