Representantes del sector de la salud en Puerto Rico advirtieron sobre el impacto que tendría la expiración de fondos federales adicionales que actualmente sostienen una parte sustancial del programa Medicaid en la isla.
Puerto Rico cuenta con una asignación federal de $19,400 millones aprobada por el Congreso de Estados Unidos. El esquema vigente cubre cerca del 76% del programa, pero requiere acción congresional antes del 1 de octubre de 2027 para evitar una reducción significativa del financiamiento.
Según la información publicada este jueves por Metro Puerto Rico, de no aprobarse una nueva legislación la aportación federal podría caer de aproximadamente $4,000 millones a menos de $500 millones, mientras la tasa de participación federal bajaría del 76% al 55%.
Ese escenario obligaría a Puerto Rico a aportar unos $4,849 millones en fondos locales para mantener la cobertura actual, cantidad equivalente a cerca de 35.4% del Fondo General, de acuerdo con las estimaciones citadas por el medio.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez, advirtió que una reducción de esa magnitud podría afectar la elegibilidad de pacientes, las tarifas pagadas a proveedores y la estabilidad económica de hospitales, laboratorios y oficinas médicas.
La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, Marisel Delgado Ramos, señaló que la estabilidad del financiamiento está directamente vinculada con el acceso de los pacientes a servicios y con la capacidad del sistema para sostener su fuerza laboral.
Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, describió el posible escenario como un “Medicaid cliff”. Representantes del sector ya realizan gestiones en Washington para buscar una nueva asignación antes de que expire el esquema vigente.
Los grupos de salud sostienen que todavía existe tiempo para negociar con el Congreso, pero plantean que las gestiones deben comenzar con anticipación. La propuesta impulsada por representantes del sector busca conservar el nivel de participación federal de 76% y evitar recortes que afecten la cobertura de pacientes en Puerto Rico.
