La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico renovó su reclamo para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas haga público el requerimiento administrativo relacionado con datos de conductores migrantes.
El documento habría sido enviado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en enero de 2025 para solicitar acceso a información de personas que tenían licencias provisionales en Puerto Rico.
La ACLU sostiene que el caso involucra información confidencial de cerca de 6,000 migrantes que obtuvieron licencias bajo la Ley 97 de 2013.
Según la organización, el DTOP se negó a entregar copias de los requerimientos federales, las evaluaciones legales preparadas y la información que finalmente fue compartida con las autoridades migratorias.
La demanda alega que el gobierno entregó datos personales entre febrero y marzo de 2025. La ACLU argumenta que la negativa a divulgar los documentos viola el derecho constitucional de acceso a la información pública.
El caso judicial busca que se conozca el alcance exacto de la solicitud federal, la base legal utilizada por el DTOP y los datos que fueron entregados.
La organización afirma que ha obtenido cuatro determinaciones judiciales favorables y espera que el Tribunal Supremo rechace otro intento del DTOP de impedir la divulgación.
La gobernadora Jenniffer González había señalado que la agencia se vio obligada a cumplir con la solicitud ante el temor de perder fondos federales.
La controversia mantiene en discusión la protección de los datos suministrados al gobierno, la transparencia de las agencias y las consecuencias que el intercambio de información puede tener para las comunidades migrantes.
