La Junta de Supervisión Fiscal pidió que el gobierno de Puerto Rico no implemente la suspensión del impuesto estatal de 6% sobre determinados alimentos hasta que se complete una revisión de su impacto presupuestario. El costo preliminar de la medida asciende a $56.8 millones en recaudos que dejarían de ingresar al fisco.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 23 de octubre una propuesta para suspender esa porción del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, bebidas carbonatadas, dulces y confitería, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa fue presentada como una forma de aliviar gastos de los consumidores ante el encarecimiento de la electricidad.

El Departamento de Hacienda sometió el borrador de la determinación administrativa a la Junta el 27 de octubre para su evaluación bajo la Ley PROMESA. Según la comunicación del organismo fiscal, el documento no identifica todavía una fuente concreta de ingresos que permita compensar la reducción estimada.

En una carta enviada a la gobernadora y a los presidentes legislativos, Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta, cuestionó que el anuncio se produjera fuera del proceso presupuestario. Destacó que la medida tampoco había sido planteada en la reunión del gobierno con la Junta del 21 de octubre.

La entidad solicitó identificar recursos no recurrentes para cubrir la totalidad del costo, evaluar la compatibilidad con el presupuesto certificado y calcular las consecuencias para el plan financiero de cinco años. La evaluación, indicó, debe concluir antes de que el alivio entre en vigor.

La Junta vinculó su advertencia a otras presiones fiscales: una propuesta para aumentar pensiones que podría superar $230 millones anuales, convenios colectivos con costos salariales superiores a $100 millones y necesidades presupuestarias pendientes del Departamento de Educación. También advirtió sobre la incertidumbre en el financiamiento federal de Medicaid a partir del año fiscal 2028.

Mujica sostuvo que la suspensión del impuesto no modifica el costo de producir electricidad, que seguirá afectando a restaurantes y consumidores después del 31 de diciembre. Reclamó soluciones energéticas estructurales y una reforma contributiva integral en lugar de depender exclusivamente de alivios temporeros.

La gobernadora ha planteado que la medida se aplicaría mediante una determinación administrativa de Hacienda y que continuará dialogando con la Junta sobre otras posibles iniciativas de alivio. La fecha de inicio anunciada, el 1 de noviembre, queda condicionada al desenlace de la revisión fiscal y a la identificación de fondos compensatorios.