La gobernadora Jenniffer González Colón criticó este viernes, 30 de octubre de 2026, la forma en que agentes federales han realizado recientes operativos migratorios en Puerto Rico. Sus expresiones se produjeron tras denuncias de residentes sobre intervenciones con armas largas y entradas a espacios religiosos y comerciales durante acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En declaraciones ofrecidas durante la convención de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, la mandataria afirmó que las agencias federales pueden hacer cumplir las leyes migratorias sin provocar situaciones de caos en las comunidades. Cuestionó especialmente las maneras de intervenir con personas que llevan años residiendo en la isla.
Los operativos denunciados se desarrollaron durante el fin de semana anterior en sectores como Barrio Obrero y Villa Palmeras, en Santurce, y Capetillo, en Río Piedras. La oficina de Operaciones de Control y Deportación de ICE en Miami dirigió las acciones con agentes trasladados desde Florida, según la información publicada sobre los despliegues.
Entre los episodios señalados figura una intervención en la Parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras. Testigos y representantes religiosos denunciaron que agentes entraron a un área del templo mientras perseguían a inmigrantes. Esos relatos y las alegaciones sobre ausencia de órdenes judiciales no equivalen, por sí solos, a una determinación judicial de ilegalidad.
El arzobispo de San Juan, Eusebio Ramos Morales, condenó las tácticas que describió como intimidatorias y reclamó respeto a la dignidad humana y al debido proceso. Su reacción se sumó a las críticas de feligreses y organizaciones que han cuestionado el uso de fuerza y el trato a residentes durante las intervenciones.
El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, también expresó preocupación por los métodos empleados y pidió una investigación. En los días anteriores había instruido a dependencias municipales para que no colaboraran con determinadas acciones migratorias federales, en medio de cuestionamientos por la seguridad de los residentes.
La controversia incluye una distinción entre componentes federales: la oficina de Operaciones de Control y Deportación encabeza los arrestos migratorios, mientras la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tiene funciones investigativas. La jefa de HSI en Puerto Rico indicó que su organismo no dirigió esas intervenciones y defendió que las agencias actúan bajo procedimientos legales.
El debate también ocurre después de conocerse que el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregó a ICE datos de miles de conductores inmigrantes ante un requerimiento administrativo federal. La gobernadora había defendido esa entrega por entender que el Gobierno debía responder a la solicitud. Su crítica de este viernes se dirigió específicamente al modo en que se ejecutaron las redadas recientes.
Las expresiones de González se producen mientras continúan los reclamos para que se esclarezcan los protocolos utilizados en comunidades y espacios religiosos. El alcalde ha solicitado examinar los métodos empleados, y las autoridades federales mantienen su postura de que las intervenciones responden a su misión de hacer cumplir la legislación migratoria.


