Cinco empresas de transportación escolar solicitaron que se revoque la adjudicación de una licitación del Gobierno de Puerto Rico y que se convoque un nuevo proceso para contratar los servicios del próximo año escolar. La controversia cobró actualidad este domingo, 1 de noviembre de 2026, al conocerse los detalles del recurso que presentaron el 23 de octubre.

Las compañías apelantes son Cotto Bus Line, Transporte A. Cruz, Transporte Escolar SR, Transporte Escolar Víctor y Transporte Rosado. Todas cuestionan decisiones de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) que llevaron al rechazo de sus respectivas ofertas.

El procedimiento se inició en marzo de 2026. La ASG publicó el aviso de subasta formal 26J-07967 para seleccionar múltiples proveedores de transportación escolar del Departamento de Educación; el calendario oficial contemplaba una reunión previa el 24 de marzo y la apertura de propuestas el 29 de abril.

La Junta de Subastas emitió una adjudicación el 11 de septiembre y aprobó otra resolución, enmendada, el 2 de octubre. Esta última seleccionó 147 propuestas. Los recurrentes alegan que la modificación se realizó cuando al menos una impugnación ya estaba ante la Junta Revisora, lo que, a su juicio, comprometía la facultad de la Junta de Subastas para alterar el resultado.

Los transportistas denuncian que no recibieron criterios claros para medir sus ofertas económicas. Según su recurso, la ASG les indicó inicialmente que no existían límites máximos o mínimos para las tarifas, pero después habría utilizado un estudio económico no divulgado para descartar propuestas consideradas fuera de un supuesto margen de razonabilidad.

En particular, las ofertas de Cotto Bus Line y Transporte A. Cruz fueron rechazadas por exceder ese margen, según la apelación. Transporte Escolar SR quedó fuera porque presentó una fianza de 90 días en lugar de 180; Transporte Rosado, por problemas de firma e iniciales en un anejo; y Transporte Escolar Víctor, por no presentar evidencia electrónica de una fianza que, según sostiene, sí entregó en papel.

Las empresas alegan que a otros licitadores se les permitió corregir deficiencias comparables y que la evaluación se modificó después de emitida la primera adjudicación. Se trata de señalamientos de las compañías recurrentes que deben ser examinados por las instancias administrativas correspondientes, no de irregularidades ya probadas.

La administradora de la ASG, Karla Mercado, había indicado en una entrevista del 20 de octubre que la revisión descartó alegaciones de colusión entre licitadores, tras comprobarse que personas con nombres similares vinculadas a distintas compañías no eran las mismas. Esa explicación se refiere a la alegación de colusión y no resuelve por sí sola los restantes planteamientos sobre criterios de evaluación.

En el recurso, las cinco compañías solicitan revocar la desestimación de sus impugnaciones y la resolución de adjudicación enmendada. Su petición busca que se repita la licitación, mientras la controversia continúa centrada en el trato dado a las ofertas y en la legalidad de los cambios realizados después del 11 de septiembre.