La controversia por el intento de contratar a NOLA Education por $38.5 millones sumó este domingo, 1 de noviembre de 2026, una nueva respuesta de La Fortaleza. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que la gobernadora Jenniffer González Colón no pidió reunirse con la empresa ni solicitó donativos políticos a sus representantes.

Peña Payano describió el primer contacto como un acercamiento casual durante un evento de la Asociación de Gobernadores Republicanos en Washington, D. C. La propia compañía había informado al Senado que ese encuentro ocurrió el 20 de febrero de 2025 y que la mandataria expresó interés en conocer el potencial de su programa Star Academy para estudiantes con rezago académico.

Según la documentación reseñada públicamente, la iniciativa se convertiría después en una propuesta para ofrecer servicios educativos mediante fondos del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF. NOLA Education fue seleccionada para una adjudicación de aproximadamente $38.5 millones, pero el Departamento de la Familia sostiene que el contrato nunca llegó a formalizarse y que no hubo desembolsos.

La empresa también emitió una declaración divulgada entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en la que negó haber realizado aportaciones a políticos puertorriqueños o haber gestionado favores a cambio del proyecto. Su negativa sobre contribuciones se refiere expresamente a políticos de Puerto Rico; no incluye un desglose de posibles aportaciones a organizaciones políticas estadounidenses.

El foco de las investigaciones se ha ampliado al viaje que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, realizó con otros funcionarios a Luisiana entre el 7 y el 10 de diciembre de 2025. En una vista senatorial, Roig declaró que había costeado personalmente sus comidas y gastos; NOLA comunicó al Senado que cubrió gastos de alimentación y transportación terrestre de la delegación.

De acuerdo con los documentos divulgados, la compañía reportó más de $13,000 en comidas y transportación del grupo, sin precisar cuánto correspondió específicamente a la secretaria. La diferencia entre las versiones es uno de los puntos que Peña Payano consideró necesario aclarar por la funcionaria ante las autoridades investigadoras.

La controversia contractual incluye además una carta del 20 de enero de 2026 en la que el Departamento de la Familia notificó a NOLA que su propuesta había sido seleccionada. La agencia sostiene que la adjudicación se canceló posteriormente, en mayo, antes de firmar un contrato o comprometer desembolsos de fondos públicos.

Las denuncias de la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Blanca Medina Díaz, sobre supuestas presiones relacionadas con la contratación han motivado investigaciones legislativas y referidos a instancias locales y federales. Son señalamientos bajo investigación y no equivalen a determinaciones de responsabilidad penal.

En su comparecencia dominical, Peña Payano defendió el derecho de las entidades competentes a investigar y señaló que Roig debe explicar cualquier aparente contradicción entre su testimonio bajo juramento y la documentación entregada por la empresa. La Fortaleza reiteró que, pese a la selección de NOLA, no se desembolsaron fondos públicos por el proyecto.