Una investigación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico reveló este lunes, 2 de noviembre de 2026, que cuatro sistemas de retiro públicos emitieron $13,257,577 a cuentas de pensionados después de transcurridos más de 60 días de sus fallecimientos. Los hallazgos abarcan desembolsos realizados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025.

El informe identificó 9,180 cuentas relacionadas con personas fallecidas y reportó 56,712 pagos potencialmente indebidos. La contralora Carmen Vega Fournier explicó que el análisis comparó registros de los sistemas de retiro con la base de defunciones del Registro Demográfico, utilizando información de fallecimientos registrados desde 1990 hasta 2025.

Las entidades examinadas fueron el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, el Sistema de Retiro para Maestros y el Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. El hallazgo no significa que los titulares fallecidos recibieran personalmente los fondos ni establece que todos los desembolsos constituyan delitos probados.

El mayor monto correspondió a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura: $8,793,181 enviados a 5,658 cuentas. El Sistema de Retiro para Maestros registró $2,418,436 para 3,193 cuentas, mientras el de la Autoridad de Energía Eléctrica reflejó $1,055,888 en 201 cuentas.

En el Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, la investigación detectó $990,072 enviados a 128 cuentas. Sumadas, las cantidades de las cuatro entidades alcanzan los $13,257,577 señalados en el informe, una cifra que abre interrogantes sobre la rapidez con que se registran los fallecimientos y se detienen los desembolsos.

Los casos documentados incluyen situaciones que continuaron mucho después del deceso. Una cuenta asociada con una persona fallecida el 1 de febrero de 2016 recibió 93 pagos por cheque hasta el 31 de agosto de 2026, por $75,462. La investigación indicó que algunos de esos cheques fueron endosados y depositados en una institución bancaria en Kansas.

La Contralora también examinó una actualización recibida el 23 de septiembre de 2026 sobre 17 cuentas de beneficiarios fallecidos. De ellas, 16 todavía registraban pagos hasta el 31 de agosto de 2026, por un total de $128,899. En otra muestra de la administración de retiro del Gobierno se identificaron depósitos en tarjetas de débito que podían ser utilizadas por su portador.

Según la Oficina de la Contralora, la falta de controles oportunos y de acuerdos adecuados para intercambiar información con el Registro Demográfico pudo haber contribuido a la continuidad de los pagos. La dependencia recomendó fortalecer las verificaciones, detener con rapidez los desembolsos cuando se confirma un fallecimiento y orientar a familiares y beneficiarios sobre sus deberes de notificación.

La Contralora exhortó además al Departamento de Justicia a evaluar los referidos y las acciones legales que correspondan para recuperar recursos públicos y determinar si existieron actos de apropiación ilegal. Una auditoría distinta publicada en diciembre de 2024 ya había identificado $2.7 millones pagados a 57 pensionados fallecidos, antecedente que evidencia que el problema de control había sido señalado con anterioridad.