Dos organizaciones vinculadas a inversionistas residentes acogidos a los incentivos contributivos de Puerto Rico solicitaron a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto de la Cámara 1133, que busca modificar las condiciones aplicables a donaciones exigidas bajo la Ley 60 de 2019.
The 20/22 Act Society y The 20/22 Act Foundation advirtieron que la propuesta podría limitar las organizaciones sin fines de lucro elegibles para recibir esas aportaciones. Su solicitud consta en una carta fechada el 10 de noviembre de 2026, reseñada en la cobertura divulgada la noche del 17 de noviembre.
La medida pretende enmendar la sección 2023.01 del Código de Incentivos para exigir que las donaciones requeridas a inversionistas residentes se dirijan a entidades certificadas bajo la sección federal 501(c)(3). La exigencia funcionaría como condición para obtener y mantener los decretos contributivos correspondientes.
El proyecto también prohibiría dirigir esas donaciones a entidades controladas o administradas por beneficiarios de decretos de inversionista residente, según la descripción de la propuesta publicada por El Nuevo Día.
Las organizaciones que solicitan el veto sostienen que ese requisito federal excluiría a entidades benéficas locales reconocidas bajo la legislación de Puerto Rico, aunque no cuenten con la misma certificación federal. Esa consecuencia es una advertencia de los grupos, no un efecto ya demostrado de una ley vigente.
Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society, argumentó que la certificación 501(c)(3) puede ser una herramienta de supervisión, pero cuestionó que se convierta en una condición obligatoria para organizaciones locales que ya cumplen requisitos puertorriqueños.
Los opositores también invocaron un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, según el cual la medida no tendría impacto fiscal. A su juicio, las mismas aportaciones podrían concentrarse en un grupo más reducido de entidades receptoras.
The 20/22 Act Society afirma que, desde su fundación en 2014, ha apoyado a más de 65 organizaciones locales mediante aproximadamente $15 millones en donaciones. La propia entidad indica que posee certificaciones contributivas tanto de Puerto Rico como del gobierno federal.
El debate enfrenta dos objetivos distintos: reforzar los controles para evitar posibles conflictos de interés en donaciones vinculadas a decretos contributivos y mantener el acceso de entidades benéficas puertorriqueñas a esos fondos. La petición presentada a la gobernadora solicita específicamente que no convierta el Proyecto de la Cámara 1133 en ley.


