Los problemas de implantación del sistema gubernamental de planificación de recursos empresariales, conocido como ERP, tendrán un costo adicional de más de $3.9 millones para el Departamento de Educación de Puerto Rico, debido a la extensión de la supervisión externa de sus fondos federales.

Según informó El Nuevo Día el viernes 20 de noviembre, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una enmienda para prolongar por tres meses los servicios del síndico requerido por el gobierno federal. La firma Álvarez & Marsal continuará participando en esa labor.

La extensión responde a dificultades atribuidas a la implementación de la plataforma ERP, utilizada para procesos administrativos y financieros del gobierno. Su funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos legislativos por atrasos en compras y pagos a proveedores.

La supervisión federal tiene como propósito vigilar el manejo de fondos asignados al Departamento de Educación. Su permanencia implica que la agencia todavía no completa la transición operativa necesaria para prescindir de ese apoyo bajo el calendario inicialmente previsto.

Durante una audiencia legislativa previa, el senador Carmelo Ríos había advertido que la salida del síndico, prevista para el 20 de noviembre, podría aplazarse por los problemas tecnológicos. En ese momento estimó un costo cercano a $4 millones, ahora precisado en la enmienda aprobada.

Los problemas del ERP también han afectado los trámites de adquisición. En testimonio legislativo se informó que, al 9 de noviembre, Educación había completado 2,294 órdenes de compra en el año fiscal, frente a 25,738 durante el mismo periodo del año anterior, una reducción aproximada de 91%.

La plataforma se concibió como un mecanismo para integrar y modernizar procesos del gobierno. Sin embargo, las dificultades reportadas en Educación han provocado investigaciones sobre la continuidad de servicios, las compras y la capacidad de procesar compromisos financiados con recursos públicos.

La prórroga autorizada contempla una reducción gradual de la intervención de Álvarez & Marsal. Esa disposición no equivale a una terminación inmediata de la supervisión ni resuelve por sí sola los problemas de implementación.

El costo de los tres meses adicionales se suma a los recursos ya destinados a la vigilancia federal, mientras el Departamento de Educación continúa sujeto al proceso de transición y a las exigencias relacionadas con el uso de fondos federales.