Un empleado del Departamento de Hacienda y un empresario se declararon culpables de participar en un esquema de fraude electrónico y soborno que provocó pérdidas aproximadas de $665,693 en ingresos contributivos del Gobierno de Puerto Rico, según informó la Fiscalía Federal.
El empleado público fue identificado como Harry E. Muriel-Falero, quien admitió haber conspirado para defraudar al Departamento de Hacienda mediante la manipulación de información contributiva dentro del sistema SURI. El empresario Gabrielle López-Berríos también se declaró culpable por su participación en la conspiración.
De acuerdo con documentos judiciales, el esquema consistía en alterar información contributiva de individuos y entidades con el propósito de reducir o eliminar deudas fiscales a cambio de pagos y sobornos.
La utilización de SURI como parte del mecanismo convierte el caso en un ejemplo particularmente serio de corrupción interna, debido a que el sistema concentra gran parte de los procesos contributivos digitales del gobierno y contiene información financiera sensible de contribuyentes y empresas.
Muriel-Falero se declaró culpable el 20 de julio de conspiración para cometer fraude electrónico. López-Berríos, además de admitir participación en esa conspiración, aceptó responsabilidad en otra conspiración para sobornar a un empleado adicional de Hacienda.
La Fiscalía Federal calculó que las actuaciones provocaron una pérdida aproximada de $665,693 en ingresos que correspondían al Gobierno de Puerto Rico. La cifra refleja contribuciones que habrían sido reducidas o eliminadas mediante información manipulada o transacciones fraudulentas.
El caso plantea interrogantes sobre los controles internos utilizados para detectar modificaciones irregulares en cuentas contributivas y sobre el nivel de acceso que determinados empleados pueden tener dentro de plataformas financieras gubernamentales.
Las declaraciones de culpabilidad evitan, al menos para estos acusados, la celebración de un juicio sobre los cargos admitidos y trasladan el proceso hacia la etapa de sentencia. Las penas finales serán determinadas por el tribunal federal tomando en consideración los cargos, los acuerdos alcanzados y las guías federales aplicables.
La investigación mantiene especial relevancia para empresarios y contribuyentes porque demuestra cómo un esquema de corrupción dentro de la administración contributiva puede afectar directamente los recaudos públicos y comprometer la confianza en sistemas diseñados para manejar miles de millones de dólares en obligaciones fiscales.