Cuatro personas y la empresa procesadora de carne Ganaderos Borges Inc. fueron acusadas en Puerto Rico por un gran jurado federal por presuntas violaciones a la Ley de Agua Limpia, luego de una investigación sobre descargas de desperdicios desde sus instalaciones en Naguabo hacia un arroyo que desemboca en el mar Caribe.
Los acusados fueron identificados como César P. Borges Arroyo, Neftalí Borges Gómez, Erison Delgado Santos y Héctor Fulgencio Cabrera. Las autoridades federales diligenciaron los arrestos este miércoles 12 de agosto como parte de un operativo en las instalaciones de la empresa.
Según la acusación reseñada por Primera Hora y El Nuevo Día, las descargas habrían incluido aguas residuales de una laguna de retención utilizada por la planta, junto con sangre, restos de animales, heces, grasa, tejidos y productos desinfectantes. El cuerpo de agua afectado desemboca en Tropical Beach, en Naguabo.
Los fiscales alegan que las descargas se produjeron desde agosto de 2018 y continuaron, al menos, hasta septiembre de 2025. Ganaderos Borges operaba bajo un permiso de “cero descarga”, que exigía transportar los desperdicios a una instalación autorizada en lugar de liberarlos hacia cuerpos de agua.
La acusación sostiene además que los imputados habrían escondido una bomba y una manguera utilizadas para realizar las descargas y que presuntamente suministraron información falsa o engañosa a las autoridades para evitar ser detectados. Los investigadores federales atribuyen la pesquisa a la Agencia de Protección Ambiental y al FBI.
Uno de los elementos económicos más severos de la acusación es el supuesto motivo. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, las descargas habrían permitido a la empresa evitar millones de dólares anuales en costos de disposición de desperdicios, convirtiendo el caso en una alegada estrategia de reducción de costos mediante incumplimiento ambiental.
El Departamento de Justicia federal alega que el material llegó al Caribe cerca de playas, reservas naturales y una instalación militar. Adam Gustafson, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostuvo que la conducta imputada habría sacrificado la salud pública para obtener una ventaja económica.
A los acusados se les imputan cuatro violaciones de la Ley de Agua Limpia y un cargo de conspiración. Si fueran declarados culpables, los individuos se exponen a penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 por cargo, mientras que la corporación podría enfrentar multas de hasta $500,000 por cada cargo, según la cobertura de Primera Hora.
Ganaderos Borges aparece en registros federales como un establecimiento de Naguabo dedicado al sacrificio y procesamiento de carnes. Primera Hora informó que intentó obtener una reacción de la empresa, pero no recibió respuesta al momento de publicar su cobertura.
Las imputaciones son acusaciones y los señalados se presumen inocentes mientras no exista una determinación de culpabilidad. El proceso federal deberá ahora definir la responsabilidad individual de los cuatro acusados y de la corporación por las descargas que las autoridades aseguran se extendieron durante varios años.