Tres corporaciones y dos individuos presentaron una demanda contra el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, los miembros del organismo, su principal asesor legal y el bufete externo Proskauer Rose LLC por alegados daños relacionados con la venta de una cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
La acción fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia y cuestiona el proceso mediante el cual préstamos del BDE fueron vendidos a entidades privadas para su recobro. Los demandantes sostienen que el acuerdo fue ilegal y solicitan que a los funcionarios de la Junta no se les reconozca inmunidad frente a las reclamaciones por daños.
Según la información publicada por NotiCel, los demandantes son R&D Master Enterprises, Pro Pave Corp., Matrix Transport, María Magdalena Díaz Vila y José A. Rovira González. La controversia se relaciona con un contrato de aproximadamente $384 millones suscrito en septiembre de 2018 con PR Recovery and Development JV y PR Recovery and Development REO.
La demanda se suma a otros litigios y cuestionamientos relacionados con aquella transacción. Entre los señalamientos figura que la cartera habría sido vendida con un descuento de alrededor de 91% respecto al valor de los préstamos.
Los reclamantes también sostienen que el contrato no pasó por el proceso de revisión contractual de la Junta bajo PROMESA, que no surgió de un proceso competitivo y que no contó con el aval correspondiente de la Junta de Directores del BDE.
El caso podría eventualmente ser trasladado al foro federal. De acuerdo con el reporte, se trataría de una reclamación inusual contra la Junta porque procura responsabilizar personalmente a varios de sus integrantes y funcionarios por los daños alegados.
Las alegaciones contenidas en una demanda representan la posición de los demandantes y deberán ser evaluadas por el tribunal. Los demandados tendrán oportunidad de responder y presentar sus defensas durante el proceso judicial.
La controversia vuelve a colocar bajo escrutinio la disposición de activos públicos y los mecanismos utilizados durante el proceso de reestructuración fiscal de Puerto Rico.
