La procesadora de carnes Ganaderos Borges, Inc., de Naguabo, presentó ante el Tribunal Federal en San Juan documentación con la que busca demostrar que ha adoptado medidas para manejar sus aguas residuales. La gestión ocurre mientras la compañía y cuatro personas enfrentan un proceso penal por presuntas descargas de contaminantes a una quebrada que desemboca en el mar Caribe.
En una información divulgada este viernes, 30 de octubre de 2026, se indicó que el abogado de la empresa, Richard Danosh, sometió una moción con evidencia de las acciones tomadas para cumplir las condiciones judiciales que permiten la continuidad de las operaciones durante el litigio. La presentación corresponde a la postura de la defensa; no constituye una determinación judicial de cumplimiento definitivo.
Uno de los datos principales es el volumen de residuos que la empresa afirma haber retirado: 531,500 galones de aguas usadas entre agosto y septiembre, transportados en 63 viajes. Esas cifras fueron incluidas en los documentos presentados por la defensa al tribunal.
El abogado también informó que Ganaderos Borges mantiene acuerdos con la compañía de manejo de desperdicios EC Waste y con Peñuelas Valley Landfill para la disposición de materiales. Asimismo, entregó copias de permisos relacionados con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Según la moción reseñada, en septiembre un agente de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, con asistencia de la corporación, retiró una bomba utilizada para conducir aguas con desperdicios desde la instalación hacia una quebrada cercana. El dispositivo es relevante porque forma parte de la conducta descrita por los fiscales federales.
El pliego acusatorio divulgado el 12 de agosto identifica a César P. Borges-Arroyo, Neftalí Borges-Gómez, Erison Delgado-Santos, Héctor Fulgencio-Cabrera y a la corporación. Se les imputan conspiración y cuatro infracciones a la Ley federal de Agua Limpia. La acusación sostiene que hubo descargas desde una laguna de retención sin el permiso exigido.
De acuerdo con el Departamento de Justicia federal, la conducta imputada se habría extendido entre agosto de 2018 y septiembre de 2025. Los investigadores alegan que se utilizó una bomba sumergible y una manguera para conducir residuos a un arroyo que recorre aproximadamente media milla hasta el mar, cerca de la playa Tropical de Naguabo. Los acusados mantienen la presunción de inocencia.
La empresa había solicitado tiempo adicional en agosto para documentar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal. La presentación de contratos, permisos y registros de transportación es la nueva gestión procesal informada este 30 de octubre; corresponde ahora al tribunal evaluar su alcance dentro del caso federal.


