El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero dejó de figurar como confinado en la prisión federal de mínima seguridad de Montgomery, Alabama, mientras su defensa solicita al Tribunal Supremo de Estados Unidos revisar la condena por corrupción pública que cumple desde 2024.
La información publicada el viernes 20 de noviembre surge del localizador del Negociado Federal de Prisiones, que ahora lo identifica bajo la clasificación Miami RRM, oficina encargada de administrar programas de reinserción residencial y modalidades de confinamiento comunitario.
El cambio de clasificación no significa necesariamente que haya terminado su sentencia ni que esté completamente libre de supervisión. El registro no especifica si se encuentra en una casa de transición o en otra modalidad autorizada por las autoridades penitenciarias.
El sistema federal señala el 15 de septiembre de 2027 como fecha proyectada de salida. Pérez Otero ingresó a la prisión de Alabama el 12 de febrero de 2024 para cumplir cinco años y tres meses de cárcel tras su convicción por cargos de corrupción.
En paralelo, su abogado José R. Olmo Rodríguez presentó en octubre un recurso ante el máximo tribunal estadounidense. La gestión apareció en el expediente electrónico durante la semana del 20 de noviembre, luego de intentos fallidos de revertir la condena ante el tribunal de distrito y el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
La defensa cuestiona la suficiencia del pliego acusatorio y argumenta que los pagos realizados por el contratista Oscar Santamaría debieron presentarse como contribuciones de campaña, no como sobornos o extorsión. Se trata de la postura del abogado, no de una conclusión judicial.
Los fiscales federales han sostenido que el dinero recibido por el exalcalde buscaba influir en la adjudicación de contratos municipales. La defensa también cuestiona instrucciones al jurado y la manera en que se evaluaron posibles prejuicios de integrantes del panel.
En mayo de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la convicción y la sentencia. La petición al Supremo constituye un nuevo intento de revisión, pero su presentación no supone que los jueces hayan aceptado examinar el fondo del caso.
Al momento del informe, el expediente del Supremo no indicaba que la solicitud hubiera sido asignada para consideración de los magistrados. La sentencia permanece vigente.


