El exgobernador Luis Fortuño responsabilizó a la Junta de Supervisión Fiscal por el prolongado estancamiento de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y sostuvo que la corporación pública necesita acceso a capital nuevo para atender las deficiencias de su sistema.
Fortuño hizo el planteamiento en una columna de opinión publicada en The Hill y reseñada este miércoles por Metro Puerto Rico. En su análisis, cuestionó los resultados de casi una década de supervisión federal sobre las finanzas de Puerto Rico y la falta de una resolución definitiva del caso de quiebra de la AEE.
La reestructuración de la deuda de la corporación eléctrica es uno de los procesos fiscales más importantes que permanecen pendientes bajo la ley federal PROMESA. Su desenlace puede tener consecuencias sobre las finanzas públicas, los acreedores, las tarifas eléctricas y la capacidad futura de la AEE para financiar infraestructura.
Fortuño argumentó que la AEE requiere capital fresco y señaló que bonistas actuales han presentado ofertas que, según su planteamiento, podrían movilizar miles de millones de dólares. La existencia de propuestas de financiamiento no implica que estas hayan sido aceptadas ni que sus términos sean compatibles con el plan fiscal, los intereses de los abonados o las determinaciones del tribunal.
El exgobernador también criticó los gastos acumulados en abogados y consultores durante el proceso de reestructuración y sostuvo que esos recursos no se han traducido en una solución suficientemente rápida para la corporación eléctrica.
Sus señalamientos forman parte de un debate político y financiero más amplio sobre el futuro de la Junta Fiscal y la administración de la deuda pública. Fortuño respaldó además los esfuerzos del presidente Donald Trump para sustituir miembros del organismo federal.
La Junta ha defendido históricamente su función como mecanismo para alcanzar presupuestos balanceados y reestructurar la deuda de Puerto Rico bajo PROMESA. Las posiciones sobre el ritmo, costo y resultados del proceso han sido objeto de controversia desde la creación del organismo en 2016.
El caso de la AEE continúa siendo determinante para la economía de Puerto Rico porque cualquier acuerdo final deberá equilibrar reclamaciones de acreedores, estabilidad fiscal, inversiones en el sistema eléctrico y el impacto que una nueva estructura de deuda pueda tener sobre los consumidores.
