Organizaciones comunitarias de Puerto Rico, Bahamas, Jamaica y Seychelles anunciaron la creación de una alianza internacional para cuestionar el impacto ambiental y social de determinados desarrollos turísticos de lujo en territorios insulares.
La nueva Coalición de Pequeñas Islas reúne grupos de cuatro jurisdicciones que sostienen que varios proyectos turísticos de gran escala responden a patrones similares de desarrollo costero y desplazamiento de comunidades.
Según información divulgada por la Agencia EFE y publicada por Primera Hora, la coalición argumenta que las controversias que enfrentan estas comunidades no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de un fenómeno que se repite en destinos insulares con alto valor turístico e inmobiliario.
En Puerto Rico, la discusión tiene como uno de sus principales referentes el proyecto Esencia, propuesto para Cabo Rojo y vinculado a la marca hotelera Rosewood. El desarrollo ha generado oposición de grupos comunitarios y ambientales, además de un debate más amplio sobre uso de terrenos, acceso a costas, infraestructura y el modelo de crecimiento turístico de la región oeste.
La coalición señaló que en tres de los cuatro casos examinados aparece la marca Rosewood, aunque cada proyecto se desarrolla bajo circunstancias regulatorias, económicas y territoriales particulares.
El anuncio ocurre en momentos en que Puerto Rico busca ampliar su oferta turística y atraer inversión privada, especialmente en proyectos hoteleros y residenciales de alto nivel. Los defensores de este tipo de inversión destacan su capacidad para generar construcción, empleos, actividad económica e ingresos fiscales, mientras sus críticos reclaman mayor protección de recursos naturales y participación comunitaria en los procesos de planificación.
La creación de una red internacional podría dar mayor visibilidad a las organizaciones locales al permitirles intercambiar información y estrategias con comunidades que enfrentan debates similares en otros destinos.
El desarrollo turístico continúa siendo uno de los motores de inversión privada en Puerto Rico, pero la expansión del sector mantiene abierta una discusión sobre cómo equilibrar crecimiento económico, protección ambiental, acceso público y los intereses de las comunidades donde se construyen los proyectos.
