La Asociación de Economistas de Puerto Rico expresó formalmente su rechazo al proyecto turístico y residencial Esencia propuesto para Cabo Rojo, al concluir que los beneficios económicos planteados no compensarían los costos y riesgos fiscales, sociales y ambientales que, a juicio de la organización, enfrentaría la región.
La postura fue aprobada de manera unánime por la Junta de Directores de la Asociación mediante una resolución fechada el 20 de agosto. En el documento, los economistas exhortan a las agencias gubernamentales a revisar las autorizaciones concedidas y a no otorgar permisos adicionales al desarrollo.
Uno de los principales argumentos de la organización se concentra en la calidad de los empleos que generaría el proyecto. La Asociación sostiene que muchas de las plazas anticipadas estarían vinculadas a hotelería, mantenimiento, limpieza y servicios de alimentos, ocupaciones cuyos salarios suelen ubicarse cerca del mínimo.
La resolución también plantea preocupaciones sobre el mercado de vivienda. Esencia contempla residencias de lujo con precios que podrían fluctuar entre $2 millones y $20 millones, y los economistas advierten que ese componente podría aumentar la presión inmobiliaria en Cabo Rojo y elevar el riesgo de desplazamiento.
La organización añadió que cualquier evaluación económica debe incorporar el valor de los ecosistemas, la presión sobre los recursos naturales, los riesgos climáticos, el costo de oportunidad de los terrenos y la distribución de los beneficios y costos del desarrollo.
Los proponentes de Esencia han defendido el proyecto como una fuente de inversión y actividad económica para la región oeste. Roberto Ruiz Vargas, cofundador de Three Rules Capital, ha señalado previamente la necesidad de generar desarrollo económico para las familias de Cabo Rojo.
La controversia ocurre mientras el Senado investiga la capacidad de carga del municipio y el proceso de aprobación de permisos. La consulta de ubicación del proyecto fue aprobada por la Oficina de Gerencia de Permisos el 30 de julio.
La Asociación también citó preocupaciones relacionadas con el suministro de agua y los posibles impactos sobre terrenos de alto valor ecológico. Parte de las aproximadamente 2,000 cuerdas asociadas a la propuesta está clasificada bajo categorías de protección especial.
La resolución de los economistas añade una nueva voz institucional al debate sobre uno de los desarrollos turísticos e inmobiliarios más grandes y controvertidos actualmente propuestos en Puerto Rico.
