La disputa por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) volvió al centro del proceso de quiebra luego de que bonistas cuestionaran en Boston la posición de la Junta de Supervisión Fiscal y del gobierno de Puerto Rico sobre sus reclamaciones económicas.
Los acreedores sostienen que sus derechos sobre determinados ingresos de la corporación pública deben ser reconocidos y han elevado sus argumentos en el proceso judicial que busca reestructurar la deuda de la AEE.
La Junta Fiscal y el gobierno rechazaron esos planteamientos y aseguraron que las reclamaciones de los bonistas carecen de fundamento. La controversia forma parte de las discusiones que continúan definiendo cuánto podrán recuperar los acreedores dentro de la reestructuración.
Martin Bienenstock, socio de Proskauer Rose y asesor legal externo de la Junta Fiscal, argumentó que los bonistas no han realizado aportaciones de capital a la AEE después de la activación del proceso de Título III que justifiquen la reclamación actualmente en controversia.
Desde la perspectiva de los bonistas, sin embargo, el proceso no puede desconocer las garantías y derechos asociados a la deuda emitida antes de la quiebra. Uno de los planteamientos expresados durante la controversia fue que el proceso de reestructuración no puede convertirse en una vía para apropiarse de derechos de los acreedores sin compensación.
La discusión es relevante para Puerto Rico porque la reestructuración de la AEE continúa siendo uno de los componentes pendientes más importantes del proceso de deuda pública iniciado bajo PROMESA. Su resultado puede tener consecuencias sobre las finanzas de la corporación y el futuro costo del sistema eléctrico.
Las diferencias entre las partes también se producen mientras el sistema energético enfrenta otros retos, entre ellos problemas de generación, interrupciones de servicio y debates sobre inversiones necesarias para modernizar la infraestructura eléctrica.
El litigio continuará definiendo el alcance de las reclamaciones de los bonistas y la estructura final de una eventual salida de la AEE del proceso de Título III. Hasta que exista una determinación definitiva, las posiciones de los acreedores, la Junta y el gobierno permanecen enfrentadas.
