La Fortaleza expresó este jueves su oposición a eliminar, bajo las condiciones actuales, el arbitrio al petróleo conocido como la “crudita” mientras no se identifique una fuente de ingresos que sustituya los recaudos que genera para el Gobierno de Puerto Rico.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó que el Ejecutivo no respalda por ahora una eliminación directa del impuesto y sostuvo que primero debe evaluarse cómo evolucionará la propuesta legislativa y qué mecanismo reemplazaría los recursos perdidos.

La posición del Gobierno introduce un elemento fiscal central al debate sobre la crudita. Aunque eliminar el arbitrio podría reducir una carga asociada a los combustibles, también disminuiría ingresos que actualmente forman parte de la estructura financiera del Gobierno.

Peña Payano señaló que cualquier cambio deberá considerar el principio de neutralidad fiscal establecido bajo la ley federal PROMESA. En términos prácticos, una reducción permanente de recaudos tendría que acompañarse de una fuente sustituta o de ajustes que eviten ampliar el déficit público.

La crudita ha sido objeto de debate político durante años por su efecto sobre los precios de los combustibles y por el destino de sus recaudos. Distintos sectores han planteado su eliminación o modificación como una forma de aliviar costos para consumidores y empresas.

La postura de La Fortaleza no cierra la puerta a cambios futuros. El Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de evaluar el proyecto a medida que avance el proceso legislativo, particularmente si surge una alternativa que compense los ingresos que dejarían de entrar al erario.

El debate ocurre en un momento en que Puerto Rico continúa operando bajo supervisión fiscal federal, lo que obliga a evaluar el impacto presupuestario de medidas que reduzcan ingresos recurrentes del Gobierno.

La discusión legislativa deberá definir ahora si existe una fuente viable para sustituir los recaudos de la crudita. Mientras eso no ocurra, La Fortaleza mantiene que eliminar el arbitrio sin compensación no es una alternativa fiscalmente sostenible.