La gobernadora Jenniffer González Colón anunció un acuerdo encaminado a restablecer el suministro de gas natural licuado a centrales eléctricas de Puerto Rico mediante la empresa Crowley, aunque al viernes 20 de noviembre de 2026 todavía faltaban condiciones esenciales para formalizar el contrato.
La Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO, negocia la incorporación de un suplidor alterno luego de que New Fortress Energy dejara de entregar gas a través de su terminal en la bahía de San Juan a finales de octubre.
El suministro alterno busca atender las necesidades de las centrales de San Juan y Palo Seco, que han recurrido al diésel mientras persiste la interrupción del gas natural. El cambio de combustible ha elevado significativamente los costos de generación eléctrica.
En declaraciones del jueves 19 de noviembre, la mandataria sostuvo que se había alcanzado un entendimiento con Crowley y expresó la expectativa de formalizarlo para la vista judicial del viernes. Sin embargo, la información publicada posteriormente dejó claro que el anuncio no equivalía a un contrato definitivo.
Entre los asuntos todavía sujetos a negociación figuraban términos de pago, cartas de crédito y el precio del combustible. El Gobierno tampoco había divulgado una tarifa final que permitiera calcular con precisión el costo del nuevo abastecimiento.
El asunto está vinculado al litigio federal entre la Autoridad de Energía Eléctrica y New Fortress Energy. El mecanismo de suministro alterno depende del acceso a infraestructura portuaria y de las determinaciones judiciales aplicables.
La administración también ha mantenido conversaciones con Naturgy, por lo que Crowley no constituye necesariamente la única alternativa bajo consideración. La gobernadora ha planteado su interés en contar con más de un proveedor para reducir la vulnerabilidad ante interrupciones.
New Fortress, por su parte, ha señalado que su terminal está disponible para recibir combustible de un tercero. La discusión contractual y judicial determinará las condiciones operacionales bajo las cuales podría realizarse esa entrega.
El paso anunciado representa un avance respecto de las negociaciones previas, pero no confirma la llegada de cargamentos ni una fecha de retorno al gas natural. El Gobierno deberá completar los términos comerciales y atender los requisitos judiciales antes de activar el nuevo suministro.


