Un grupo de residentes presentó una demanda para solicitar la nulidad de la Ordenanza Municipal número 4 de San Juan, que permitiría desarrollar un estacionamiento multipisos en un lote aledaño a la playa El Escambrón.
El recurso de 45 páginas fue radicado el 1 de octubre ante el Tribunal de San Juan contra el Municipio, la Compañía de Parques Nacionales y el Departamento de Justicia.
La ordenanza concede a Smart Parking System un derecho de superficie por hasta 60 años. El proyecto, con una inversión privada estimada en $22 millones, busca aumentar de 250 a 950 los espacios de estacionamiento en el Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa.
Los demandantes formularon 11 señalamientos y alegan que el Municipio actuó fuera de las facultades que le concede la ley. Uno de sus argumentos centrales es que el ayuntamiento no tendría la titularidad necesaria para ceder derechos de superficie sobre el predio.
La demanda también sostiene que la propiedad está sujeta a un gravamen federal que limita su uso a actividades recreativas al aire libre. Además, plantea que no existe un deslinde certificado de la zona marítimo-terrestre y que el proyecto contempla una estructura permanente en un área inundable.
Los residentes cuestionan que la ordenanza fuera aprobada sin estudios ni planos y alegan incumplimientos en materia de subasta, protección ambiental, participación ciudadana y debido proceso.
La controversia incluye dudas sobre una escritura de cesión y traspaso otorgada en 2011. Según los demandantes, los derechos consignados no están inscritos en el Registro de la Propiedad y la información de la finca no aparece debidamente identificada en los registros del CRIM.
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Yanira Reyes Gil, expresó preocupación por la ausencia de estudios de inundabilidad, ambientales y de marejadas señalada en el recurso, así como por la falta de un deslinde de la zona marítimo-terrestre.
El tribunal deberá evaluar si el Municipio tenía autoridad para aprobar la ordenanza y si se cumplieron los requisitos legales aplicables antes de permitir el desarrollo propuesto en uno de los principales espacios recreativos costeros de San Juan.
